Texto completo de la carta de  la AFEP al presidente Piñera:

Señor Presidente reciba el saludo de parte nuestra organización conjuntamente con nuestra profunda preocupación por el nombramiento como Embajador de Chile en Panamá a Alberto Labbé Galilea, una persona involucrada en violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.


Esto es contrario a lo que usted ha planteó durante su campaña electoral de no nombrar en cargos de su gobierno a personas que hayan participado en la dictadura militar. Más aún cuando estas personas involucradas en delitos de Lesa Humanidad, dañan la política de relaciones exteriores de nuestro país, como quedó en evidencia con el nombramiento de Miguel Otero como Embajador de Chile en Argentina.

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Como usted debe saber, la jueza Raquel Lermanda ha llamado a Alberto Labbé Galilea a concurrir a declarar en calidad de “inculpado” en el proceso por los crímenes de la Operación Cóndor acontecidos en 1975 y 1976, mientras el aludido se desempeñaba como segundo secretario de la embajada de Chile en Buenos Aires. Situación que ha quedado acreditada en el proceso por las declaraciones de los ex agentes de la DINA, Carlos Labarca Sanhueza y Luis Palma Moreno, también instalados en ese entonces en la Embajada de Chile, lo cual es una prueba más del involucramiento del Estado chilenos en estos horrendos crímenes. Una prueba más de que el Terrorismo de Estado fue una política de Estado durante ese tenebroso período de nuestra historia.

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Señor Presidente, es evidente para la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos que personas que hayan estado involucradas en tan condenables hechos no pueden tener cargos en un gobierno que se pretenda democrático ni menos ser representantes de todos los chilenos y todas las chilenas, por ello nos dirigimos a usted para pedirle la destitución inmediata de este embajador, ya que este nombramiento ofende la conciencia ética de los chilenos, agrede la memoria de las víctimas y violenta a sus familiares muchos de los cuales aún no sabe que fue de sus seres queridos. Esto es aún más indignante debido a que los involucrados han logrado eludir la acción de la justicia contando con complicidad institucional y manteniendo un malévolo pacto de silencio.

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El Estado chileno aún tiene pendiente la deuda con los derechos humanos y para avanzar en esa dirección no se puede ni se debe seguir delegando responsabilidades nacional e internacional a personas que estuvieron involucradas o fueron cómplices de las violaciones de derechos humanos que son condenadas a nivel universal.

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Esta lamentable situación nos lleva a insistir que es imperativo para una sociedad democrática construir su convivencia sobre la base de la verdad y justicia, porque aún hay 1100 ejecutados políticos sin acceso a ellas; 215 ejecutados sin entrega de restos y más mil detenidos desaparecidos cuyo destino es desconocido y miles de sobrevivientes de la tortura.

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Sin otro particular  nos despedimos.

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Alicia Lira Matus                                Magdalena Pardo Sánchez

Presidenta                                            Vicepresidenta

Víctor Hugo Fuentes

Tesorero

Santiago 02 de julio 2010