Argentina conmemora este jueves el 25º aniversario de la sentencia en el histórico Juicio a las Juntas Militares que encerró en prisión al ex dictador Jorge Rafael Videla y cuatro jerifaltes del régimen de la ‘guerra sucia’ (1976-1983).

El ‘Nüremberg’ argentino, apelativo con el que se alude a aquel proceso, fue una de las primeras decisiones del presidente Raúl Alfonsín (socialdemócrata) para iniciar la andadura democrática en 1983.

Pese a la resistencia de las fuerzas armadas y una parte del peronismo, Alfonsín creía que ninguna democracia en serio podía edificarse sobre un osario de entre 9.000 a 30.000 desaparecidos por el terrorismo de Estado, según recuentos públicos y privados.

Fue el primer juicio en el mundo realizado por un tribunal civil a militares acusados de asesinatos masivos desde los Juicios de Nüremberg, de 1945 a 1949 en Alemania. Y llevó al banquillo al dictador Jorge Videla y otros ocho jerifaltes.

El ‘Nüremberg’ local duró casi ocho meses. Unos 800 testigos narraron ante los jueces de la Cámara Federal el horror de las torturas, las violaciones, los secuestros, y las desapariciones que habían sufrido ellos mismos o sus familiares y amigos. La dictadura dejó un saldo de 9.000 a 30.000 desaparecidos, según recuentos públicos y de organismos humanitarios.

El 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictó sentencia. Condenó a cadena perpetua a Videla y Emilio Massera; Roberto Viola, 17 años de prisión; Armando Lambruschini, 8 años, y Orlando Agosti, 4 años y 6 meses. El resto de los acusados fueron absueltos.

Pero cinco años más tarde, en 1990, el peronista Carlos Menem -sucesor de Alfonsín- indultó y liberó a todos.

La lucha de los organismos defensores de los Derechos Humanos y el gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2007) confluyeron en el nuevo milenio para poner fin a la impunidad.

Link al artículo AQUÍ

El fiscal de la Audiencia Nacional accedió a la solicitud de extradición hecha por las autoridades argentinas, al considerar que la jurisdicción del caso corresponde a este país en virtud del principio de territorialidad, al haberse producido allí los hechos que motivaron la reclamación.

El piloto, de 57 años y de origen argentino pero con nacionalidad holandesa, ha manifestado que este país se “deshizo” de él sin darle la oportunidad de defenderse, ha insistido que lo “más vergonzoso” fue la actuación del Fiscal argentino, que le acusó “sin investigar los hechos”.

Poch, que efectuaba su último vuelo como piloto comercial antes de jubilarse cuando fue detenido en el aeropuerto de Manises (Valencia), aseguró en octubre que no tenía “nada que ver” con los vuelos de la muerte porque “nunca” estuvo destinado en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se torturaba a los detenidos, según explicó a la salida del juzgado su abogado, Ignacio Pélaez.