Una exhaustiva auditoría ordenada por la Corte Suprema fijó en 21 millones de dólares la fortuna de Augusto Pinochet Ugarte y su entorno, de la cual 19,5 millones no tienen legítima justificación contable.

La investigación realizada por peritos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile fue entregada ayer al ministro Manuel Valderrama, en la forma de un documento de 70 páginas, con varios anexos, en el marco de la investigación por blanqueo de fondos que persiste contra el grupo familiar de Pinochet, luego de que se descubrieran cuentas suyas, de algunos de sus hijos y cercanos colaboradores en Estados Unidos.

Lea la información completa, y otras más, en el Resumen de Derechos Humanos en Chile de FASIC

INFORME DH CHILE

Si usted no atiende nuestras demandas, yo soy capaz de publicar una inserción en los diarios pidiendo disculpas a toda mi gente por haberle pedido que votaran por el Presidente”, dijo un general en retiro de Carabineros, marcando uno de los puntos más álgidos en la  reunión que sostuvo a  mediados de mayo,  con el Subsecretario de Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas. El ex diputado RN pidió que ante todo mantuviera la calma y que el gobierno está consciente de sus inquietudes.  Pero uno de los asistentes afirma que la sensación a la salida fue de “desilusión”.

En Defensa confirman que este tipo de encuentros han sido habituales en el último tiempo. “Cuando no puede recibirlos el ministro lo ha hecho alguno de los subsecretarios, pero  no ha sido algo a nivel de asamblea, sino en forma individual y parcelada y con una agenda amplia de temas”, explican en el departamento de Comunicaciones del ministerio.  Entre los que han asistido está el general (R) Gastón Frez Arancibia, vicepresidente de la Corporación 11 de Septiembre, que agrupa a algunos oficiales en retiro.

ElMostrador

Como es de público conocimiento, a consecuencia del modelo económico neoliberal se ha incrementado la represión del Estado chileno contra el pueblo mapuche el que se ha organizado en pro de la defensa de su territorio ante la usurpación, despojo y explotación desmedida y depredadora de sus tierras por parte de empresas forestales, mineras, hidroeléctricas, que se han instalado en terrenos ancestrales de las comunidades.

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A la fecha existen más de 100 personas de origen mapuche encausadas por la justicia civil y militar. A estas personas se les aplican leyes de control de armas, asociación ilícita y antiterrorista. Al defenderse de agresiones brutales en las calles, o al interior de las comunidades, se les acusa de “maltrato de obra a Carabineros” por lo que son procesados en  tribunales militares. En tanto, la ocupación de tierras y otras acciones de defensa de su patrimonio cultural han implicado detenciones, allanamientos, tortura y asesinato de ciudadanos mapuche por parte de la policía uniformada.

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Actualmente, 53 miembros de la comunidad mapuche se encuentran sin juicio en prisiones del sur de Chile. Muchas de estas personas  permanecen detenidas con medidas cautelares, en condición de formalizado y  bajo procesos de investigación  que pueden durar hasta 2 años antes de ser realmente juzgados. En algunos casos, al momento de ser llevados a juicio son sobreseídos por los jueces y las acusaciones de los fiscales se desvanecen comprobandose la falsedad de las acusaciones realizadas por el Ministerio Público, sin mediar compensación de ningún tipo por el encarcelamiento injustificado. Tales han sido los casos de Elena Varela, Sergio Reyes y Kenny Sánchez quienes recientemente fueron sobreseídos y liberados sin cargos, luego de 23 meses de encarcelamiento y medidas cautelares.

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En muchos juicios, los fiscales utilizan testigos encapuchados, llamados “testigos sin rostro”, de dudosa probidad, haciendo caso omiso de la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, que estima que una verdadera justicia se hace de cara a la sociedad, porque ella es fuente de bien común y rectitud de acción a través de sus instituciones.

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Los llamados testigos sin rostro corresponden a procesos viciados de antemano  que reflejan la carencia de una verdadera justicia. Este procedimiento constituye una perversión  del sistema judicial porque so pretexto de presentar a un «testigo sin rostro», se permite ocultar a una persona, manteniéndola «secuestrada» y « desaparecida » sin que organismo policial y judicial alguno responda por su integridad física y psíquica, como se ha denunciado recientemente en el caso de Elcides Pilquiman Liencura, quien está desaparecido luego de ser forzado a actuar como “testigo sin rostro”..

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Los presos políticos mapuche en su mayoría son juzgados  mediante confesiones obtenidas bajo torturas físicas y psicológicas; con montajes y falsas pruebas; sin verdadero derecho a la defensa, ni por tanto, derecho  a un juicio JUSTO. A esto se suman condiciones inhumanas de reclusión – comunes a todos los recluidos hoy en Chile – pero que se agudizan en el caso de los presos políticos mapuche por: incomunicaciones prolongadas, dispersión territorial (los recluyen lejos de sus comunidades y familias), restricción de visitas, destrucción de alimentos y enseres en los allanamientos internos, vejamen y menoscabo a sus familiares al momento de visitarlos, no reconocimiento del carácter político de su detención, entre otros actos discriminatorios y violatorios de su condición ciudadana.

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Esta negación de los derechos humanos a los presos políticos mapuche ha sido denunciada en  foros e instancias internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos, lo que ha significado para  el Estado chileno una serie de recomendaciones y observaciones recientes (2009) de parte del Relator para los Asuntos Indígenas, James Anaya, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Subcomité Contra la Tortura de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entre otras medidas, se insta al Estado chileno a evitar la aplicación de la ley antiterrorista para juzgar a mapuche; investigar las denuncias de torturas a los presos políticos mapuche; y respetar el Convenio 169 de la OIT que resguarda los derechos de los pueblos originarios.

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1.  Exigimos poner fin al virtual estado de sitio policial en que permanecen las comunidades mapuche, por ser una política de discriminación étnica y social.

2. Exigimos el fin a la aplicación de la ley antiterrorista y de los juicios a mapuche en los tribunales militares; el pleno respeto a los derechos que les asiste a las personas detenidas; el fin de los testigos “sin rostro”, efectivo derecho a defensa y un juicio JUSTO para los mapuche sometidos a la justicia chilena.

3. Solicitamos la presencia de Observadores Internacionales en territorio mapuche, en los juicios que se llevan a cabo y en las cárceles donde se encuentren recluidos.

4.Llamamos a los organismos de defensa y promoción de los derechos humanos a interpelar al Estado chileno y a sus actuales autoridades con el fin de instarlos a respetar la normativa internacional de Derechos Humanos, escribiendo a  los personeros que aparecen a pie de página.

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Junio 2010

CETC – CHILE

CECT – SECRETARIADO EUROPEO

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Sr. Sebastián Piñera Echeñique, Presidencia de la República, Palacio de la Moneda, Santiago, Chile. Fax:56269049 58, E-mail: opinión@presidencia.ch; Internet@presidencia.cl; mhansen@presidencia.cl

Sr. Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministerio del Interior, Palacio de la Moneda, Santiago, Chile.

Sr.  Felipe Bulnes Serrano, Ministro de Justicia, Morandé 107 . Santiago de Chile . Tel.: (56-2) 674 3100

Sr. Alfredo Moreno Charme, Ministro de Relaciones Exteriores, Teatinos 180, Santiago, Chile.   Tel (56-2) 827 4200; Email: aguerra@minrel.gov.cl (Directora Dirección de Derechos Humanos.

Embajador Sr. Carlos Portales, Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra, 58 rue de Moillebeau (4º piso),  CH-1209, Ginebra, Fax: + 4122.734.52.97, Email: misginchile@minrel.gov.cl

Además se sugiere escribir:

• Ministro de Relaciones Exteriores donde reside.
• Al Presidente o Primer Ministro del país donde Ud reside.
• En Europa contactar a sus representantes al Parlamento Europeo y exigir que se conecte el comercio con los derechos humanos: Insistir en casos de Salmoneras, Mineras, Hidroeléctricas, Madera / Celulosa

La secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Rossy Lama, reconoció que se reunió con abogados de militares procesados por dichos crímenes, para conversar respecto de “cómo se les trataría”, en el gobierno de Sebastián Piñera.

La revelación surgió durante la visita de Lama a la comisión del ramo en la Cámara de Diputados, explicó el abogado y parlamentario Hugo Gutiérrez (PC).

“La encargada me dio una respuesta muy preocupante sobre su función específica. La señora Lama contó que se reunió con un grupo de militares en retiro para conversar sobre cómo se les trataría, situación completamente errada porque justamente su función y del programa es para encargarse de las víctimas de derechos humanos no con sus autores”, afirmó.

ElMostrador

Monseñor

Francisco Javier Errázuriz

Arzobispo de Santiago

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valora la posibilidad reunirse con usted para plantearle nuestra alarma, opinión y sentimientos sobre la petición que formulara como representante de la  Iglesia, al Presidente de la República para que  acceda, con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de nuestro país, a indultar a un elevado número de personas que se encuentran cumpliendo condenas en las cárceles chilenas, incluyendo a quienes los tribunales condenaron por cometer crímenes de lesa humanidad.

Estos condenados no sólo cumplen sus penas en condiciones de gran confort, por añadidura recibieron sentencias mínimas considerando la gravedad de los crímenes cometidos, haciendo caso omiso a los convenios internacionales suscritos por Chile. Es conocido también por la opinión pública, que además reciben ilícitos beneficios extra carcelarios como salidas desde sus lugares de reclusión y visitas fuera del reglamento de Gendarmería de Chile.

Recordamos a usted que de acuerdo a los convenios internacionales suscritos por nuestro país y plenamente vigentes en el mundo civilizado, los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriptibles por tanto no les corresponde ser incluidos en el indulto en cuestión. Nos hemos enterado por la prensa igualmente, que la solicitud de la Iglesia no incluiría en su petición a los llamados “casos emblemáticos”, lo que en la práctica significa que sí se propiciaría el indulto para aquellos casos no considerados “emblemáticos”. Debe saber Sr. Arzobispo, que para los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos esta distinción de “emblemáticos” ha sido, desde que empezó a usarse, dolorosa y agraviante. Somos familiares de chilenos y chilenas plenamente participantes de nuestra sociedad, llenos y llenas de sueños y esperanzas, activos y activas constructores y constructoras de un mundo de justicia y libertad por tanto, para los y las familiares nombrar a miles de hombres y mujeres como “no emblemáticos” es un atentado a su dignidad y una afrenta a su memoria.

Señor Arzobispo, ante este llamado, se debió preguntar a los familiares de las victimas. Hubiese sido lo correcto, ya que fueron nuestros  familiares a los que asesinaron sumiendo en el dolor y la tragedia a nuestra familias, pues hasta hoy padecemos las secuelas de que nos arrebataran a nuestros padres y madres, cónyuges, hermanos o hermanas, hijos e hijas, abuelos y abuelas, tíos y tías, nietas y nietos, sólo por pensar diferente o por tratar de terminar con la cultura de la muerte que sufría nuestra patria bajo la dictadura. Nuestra  agrupación  rechaza cualquier beneficio carcelario y el otorgar indultos a los presos condenados por violaciones a los derechos humanos.

Hoy más que nunca queremos  traer a la memoria el trabajo de la Iglesia encabezada por el  Cardenal Raúl Silva Henríquez, quien desafió todos los peligros, incluso de muerte, además de infames actos en su contra, por defender la vida y la libertad de las personas, posición gracias a la cual se evitó que el listado de victimas fuera aún mayor.

Nosotros somos los más interesados en vivir un real estado democrático, y eso pasa por la verdad y la justicia plenas respecto a las violaciones de los derechos humanos, ya que la impunidad anima a los autores intelectuales y materiales, a sus cómplices y encubridores, a repetir los crímenes denunciados cuando lo consideren necesario y justificado según su concepción de orden social, que les llevó a consumar un golpe de estado, derrocar al presidente constitucional, cerrar el parlamento, disolver los partido políticos, censurar la prensa, abrir campos de concentración, instaurar centros de clandestinos de tortura y exterminio, ejecutar personas en forma sumaria y hacerlas desaparecer, desterrar y quitar la nacionalidad a opositores, entre otras medidas.

Con seguridad usted sabrá que de las  5.000 victimas ocasionadas por la persecución y represión ejercidas por la dictadura, sólo 344 causas se encontraban abiertas hasta fines de febrero pasado, por desapariciones, torturas, inhumaciones ilegales y ejecuciones. Por estos procesos han sido encausados 782 militares y civiles, procesados y sentenciados por crímenes contra la humanidad y conocerá también, que solo 62 de ellos se encuentran en “prisión” en cárceles especiales -lo que constituye una discriminación que afecta la dignidad de los otros presos por los cuales aboga la petición de indulto-, y que también hay 156 condenados que duermen tranquilamente en sus casas, sin responder por sus crímenes con un solo días de cárcel. Eso violenta a cualquier persona que solamente exige justicia y recibe impunidad por respuesta.

La mayoría de los autores intelectuales y materiales de los crímenes, sus cómplices y encubridores siguen aún libres sin responder por sus actos. Un indulto para algunos de los pocos condenados sería una nefasta señal para la continuidad de los casos aún pendientes, entre ellos, los  más de mil cien casos sin resolver que nos afectan como agrupación.

En nuestra opinión, la reconciliación, a la que tanto se apela, requiere de reconocimiento de la verdad, arrepentimiento del acto criminal cometido, aceptación de las sanciones que corresponda y reparación del daño causado. A nuestro entender ninguna de estas acciones ha sido realizada por quienes fueron integrantes de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar. Tampoco por quienes colaboraron en las tareas de gobierno o fueron sus partidarios reconocidos. Aún más, intentos posteriores por generar espacios donde pudieran entregar la información que, sin duda tienen – como la llamada Mesa de Diálogo –, han terminado en nuevas frustraciones para los familiares de las víctimas. Por ello  consideramos que no se cumplen condiciones mínimas para indultar a quienes, sin importar el rango, son considerados en los sectores reconocidamente apologistas del legado de la dictadura militar, héroes injustamente tratados por la sociedad.

Nuestra agrupación tiene conocimiento de que otorgar indultos a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura militar, es parte de los compromisos que asumió el actual gobierno durante su campaña electoral y nos hemos pronunciado oportunamente al respecto. Sin embargo, consideramos altamente inapropiado que un compromiso político adquirido durante la campaña electoral con sectores que intentan mantener viva la herencia de la dictadura, se esconda detrás de una tan loable intención, como es otorgar un amplio indulto, parte de un gesto rehabilitador, a una gran cantidad de personas que viven en deplorables condiciones dentro de las cárceles chilenas. Nos resulta deseable que la Iglesia se esfuerce por lograr que este indulto sea generoso, sin considerar a los violadores de derechos humanos.

Señor Arzobispo, aspiramos que el objetivo del Cardenal Silva Henríquez siga presente en la actuación de la Iglesia  apoyando la vida, la justicia y la dignidad de las personas, por lo cual aquellos que violaron abusando de su condición de agentes del Estado –cuyo deber es proteger a los ciudadanos-, los derechos más sagrados de sus semejantes, como es entre ellos el fundamental derecho a la vida, paguen sus crímenes de acuerdo a lo dictado por los tribunales de justicia y no se propicien mecanismos que burlen los escasos avances logrados en esta materia. Eso constituiría un acto de impunidad, adverso al ejercicio de la Iglesia practicado en defensa de la vida y la justicia durante los 17 años de terrorismo de Estado, que no dañaría únicamente a los familiares, sino a la sociedad toda.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Santiago, 20 de mayo

¿Y qué novedad más tiene este caso?

La novedad es que las penas que pidió la fiscalía para este grupo van desde 102 años para uno, 70 para otros, 60, 45 y 30 para otros. Para demostrar la culpabilidad de los imputados presentará 36 testigos sin rostro y 198 testigos presenciales, de ellos más de 100 son funcionarios policiales. Demás está decir que en nuestro país, ni en tiempos de dictadura la justicia presentó tamaña maquinaria judicial para condenar a sus opositores.

¿Qué esta sucediendo entonces?

Sucede que algo no está bien. Sucede que ante la falta de evidencias y bajos estándares de prueba, el Ministerio Público busca impresionar al Tribunal de Cañete con un desfile de testigos y peritos, con enormes expedientes y con más kilos de expedientes que evidencias condenatorias, a la vez que intentará justificar los dos años de investigación y los millonarios recursos gastados en la Operación Bío Bío.

Demuestra también la ansiedad de la fiscalía por obtener condenas ejemplificadoras que desincentiven la movilización que por años lleva adelante el pueblo mapuche tras sus demandas territoriales, ansiedad provocada por la presión que se ejerce desde el poder económico de la región con el respaldo del poder político central. Sin lugar a dudas, nos encontramos frente a un juicio político inserto en un marco de criminalización, parte de la estrategia de pacificación judicial y represiva que se ha venido instalando desde los gobiernos de la concertación y que en los últimos años, ha dejado como resultado víctimas fatales y un gran número de heridos algunos con secuelas de por vida, más de 50 presos políticos mapuche, muchos de ellos con prisión preventiva de más de dos años, infinidad de comuneros con penas remitidas, el ataque y persecución a niños y el daño sicosocial instalado en la comunidad mapuche.

Esta estrategia se amplía y extiende a la mayoría de los juicios en desarrollo contra comuneros mapuche en la Araucanía. La figura de asociación ilícita terrorista entrega al Ministerio Público, antes de comprobarse la inocencia o culpabilidad del imputado, el privilegio de mantener en secreto la investigación, a mantener en prisión preventiva a su acusado hasta dos años, el uso de testigos sin rostro y una serie de excesos que restringen los derechos del imputado y afectan su legítima defensa. Esta aberración jurídica, nos lleva al absurdo que usted, por ejemplo, podría ser acusado por robo, homicidio frustrado y atentado a un fiscal, por el solo hecho de encontrarlo en actitud sospechosa con una gallina bajo el brazo. Esta acusación será investigada bajo el marco de la Ley Antiterrorista, y la fiscalía hilvanará una serie de presunciones y hará desfilar por algún Tribunal a un grupo de funcionarios policiales y testigos sin rostro, declarando al unísono haberle escuchado decir, que con el producto de la venta de la gallina robada usted compraría una escopeta con la que cometería el atentado. Si se acompañan algunos peritajes de huellas, telefónicos y planimétricos, incluso se podrá vincular a algunos amigos suyos y configurar una asociación ilícita con gallina incluida. Ni hablar si detrás de este caso está metida la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), porque usted y sus amigos, podrían aparecer asociados a grupos de extrema izquierda y al terrorismo internacional.

Particularmente creo en la justicia, aquella que imparten los hombres justos. Y estaré de acuerdo que se persigan responsabilidades donde las hay, pero jamás estaré de acuerdo en que se configuren responsabilidades donde no las hay, menos aún venidas del aparato de justicia y del poder político, quien tiene la obligación de proteger los derechos de las personas y un debido proceso. Podemos entender que la prensa funcional a los poderes de la zona, criminalice y declare culpables a priori a los imputados, pero es inaceptable que la propia justicia tenga licencia para encausar y condenar a personas sin respetar su legítimo derecho a ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Y cuando hablo de justicia hago una salvedad, puesto que esta licencia la esgrime el Ministerio Público abusando del poder que representa, porque debemos reconocer que en muchos casos han tenido que ser los jueces quienes han corregido estos desmanes, como en el caso del juicio reciente en contra de Elena Varela, de Kenny Sánchez y Sergio Reyes quienes quedaron en libertad luego de dos años de prisión, por orden del Tribunal de Villarrica por falta de pruebas condenatorias. Esperemos que en este caso de Cañete ocurra lo mismo.

May. 10 , 2010

Fernando Lira Haquin, autor de este artículo, es presidente de la Agrupación por la Libertad y los Derechos Humanos -Liberar- donde está a cargo del Programa “Pueblos Originarios”. Éste último apunta a fomentar, promover y defender la dignidad humana y la igualdad de derechos de los indígenas en Chile, ante la deficiente ayuda y apoyo dado por el Estado a quienes son parte de esta cultura histórica de nuestro país

Enlaces Agrupación Liberar

Ésta fue proporcionada por el Particular René Urban en contra de sus padres el 1o de mayo del presente año.

Víctor Queipul señaló que “espero que la Corte de apelaciones acoja y declare admisible este recurso y de una vez por todas , vele por la integridad física y sicológica de nuestros niños, que constantemente se ven amenazados y vulnerado sus derechos, por la violencia ejercida de parte los  carabineros y ahora por particulares de la zona”.

Manifestó  que el día de mañana viernes 14 de Mayo de 2010, junto a los abogados de la agrupación LIBERAR, presentaran una Querella Criminal, en el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Collipulli, en contra del Particular René Urban,  por la Brutal golpiza que propinó a una familia de la comunidad. agregó que “Con esto queremos también que este señor sea procesado y pague ante la justicia por el grave delito que cometió, como cualquier ciudadano, no queremos que la justicia siga amparándolo en los delitos que comete”.

Los comuneros, por intermedio de la abogada Karina Riquelme, denunciaron ante la Corte de Apelaciones de Temuco que la policía apuntó con un arma de fuego a menores de la comunidad.  El recurso de amparo pretende que el tribunal de alzada restablezca el imperio del derecho y ordene a la policía uniformada que adecue sus procedimientos a la convención internacional de los derechos del niño.

Por su parte la Agrupación Liberar expresó que hace algunas semanas se entregó a la UNICEF un documento que denuncia las violaciones a los derechos humanos en forma  reiterada a los niños mapuche. Sobre los nuevos casos expresó Fernando Lira- prseisdente de la organización- se entregará toda la información al organismo internacional (UNICEF), por ahora se harán las denuncias pertinentes a los tribunales de justicia de nuestro

Gran concurrencia de Comunidaded Mapuche en Nguillaimawun Cárcel de Menores

Una vez que las todas las comunidades  Mapuche  ingresaron al Gimnacio del recinto penal, la machi junto a la gran cantidad de personas que llegaron a la ceremonia Cultural, se inció la rogativa, entregando fuerza y fortaleciendo espiritualmente a los niños Prisioneros Políticos Mapuche.

Posteriormente, Las Autoridades Mapuche Lonko, Werken de cada comunidad, expresaron palabras de apoyo y compromisos hacia los niños, manifestando también que la lucha por la Tierra y Territorio Ancesrtral no debe detenerse, considerando que es la base de la existencia del Pueblo Mapuche.

Cabe señalar, que son tres los niños encarcelados, Luis Marileo, Leonardo Quijón y Cristian Cayupan, todos acusados y sometido a proceso por Ley Anti Terrorista, en despiadado montajes Judiciales.

Vínculo a Comunidad Autónoma Temucuicui

Niños mapuches acosados por el aparato policial chileno

Abril 27 de 2010.-

Nuevamente se produce la detención a una niña (15) mapuche, la que fue detenida en el internado del Liceo Complejo Educacional  de Collipulli, Cristina Millacheo, hija del Lonko Ciriaco Millacheo, actualmente en clandestinidad y hermana de  Luis y Jose Millacheo, presos en la cárcel de Angol. Esta situación vivida también por  Bania Queipul hija del lonko Víctor Queipul (15), quien fue sacada de su internado, acusada de supuestos delitos terroristas, o la de Luis Marileo Cariqueo, de 17 años, detenido en situaciones parecidas.

En estas últimas semanas  se han producido detenciones a menores de edad pertenecientes al pueblos mapuche,  utilizando procedimientos policiales no apropiados para niños, llegando al  maltrato físico y psicológico, está situación fue denunciada ante la Unicef  por Jorge Huenchullan- werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui-  y Fernando Lira de Liberar,  organización de derechos humanos, quien declara “Hace solo dos días estuvimos con el encargado de Unisef en Chile señor Gary Stahl, a quién se le entregó un amplio dossier de antecedentes de los últimos casos, en que niños son detenidos, apremiados, interrogados y maltratados por efectivos de las policías. Me sorprende la indiferencia de las autoridades y de la iglesia, de las Organizaciones de D.D.H.H., civiles y estudiantiles ante estos atropellos. Hemos perdido la capacidad de asombro y peligrosamente comenzamos a ver estos hechos como cosa normal”.

Artículo completo AQUÍ

El día lunes 12 del corriente se presentaron los testigos de la acusación, Dr Jorge Barudi, Siquiatra, radicado en Barcelona, quien estuvo detenido junto a Omar Venturelli, Alberto Alarcón, ex preso político, quien fue acusado y sentenciado en un Consejo de Guerra organizado por Alfonso Podlech, y Oscar Pregnan,  Encargado de los Traperos de Emaus de Temuco, en 1973, quien fuera detenido y compartiera 15 días de detención junto a Omar Venturelli,  durante los cuales pudo comprobar que Oma había sido sometido a brutales torturas.

Durante el día de hoy, 13 de Abril, continuó su declaración Oscar Pregnan, seguido por dos testigos que viajaron desde Temuco. Carlos Oliva, Presidente de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía, entrego al Tribunal, el documento oficial legalizado, del Acta de la Corte de Apelaciones de Temuco del 17 de Septiembre de 1973, donde el Presidente de la Corte informa al Pleno que recibió la visita del abogado Alfonso Podlech, quien le informo que había sido designado “Fiscal Militar ad-hoc”, y que requería la cooperación de la Corte para nombrar personal que le asistiera en esta tarea.

La entrega de este documento crucial impacto fuertemente al Tribunal por cuanto se trata de una prueba documental de la mayor importancia que certifica el rol de Alfonso Podlech en la organización de la represión en la zona. Carlos Oliva también se refirió a su experiencia como preso político y las subsecuentes visitas a la Fiscalía dondese le requirió que firmara. Igualmente hablo de su hermano Víctor Oliva Troncoso, estudiante de la Universidad Católica que estuvo también preso en Temuco y quien luego para evitar nuevas detenciones y salvar su vida viajo a Argentina.

En ese lugar fue asesinado por obra de la represión política en Argentina que como es sabido, estaba coordinada con la represión en Chile.

También entrego información documental acerca de la declaración de Victor Raviola, Rector de la Universidad Católica en 1973, quien declarara que Alfonso Podlech lo había obligado a producir una lista de alumnos y profesores de izquierda. En esa lista se encontraban los nombres de Víctor Oliva y Omar Venturelli,  esa lista fue exhibida frente al padre de Víctor Oliva, en el Regimiento Tucapel, cuando se presento en representación de su hijo cuando este fue llamado por Bando Militar.

Finalmente declaro la enfermera de Temuco, Ana María Conejeros, quien declaro acerca de su detención en el Regimiento y posterior citación a la oficina particular de AlfonsoPodlech, donde tuvo la oportunidad de ver la extensiva información que Podlech poseía acerca de los militantes y movimientos de izquierda en la zona.

Estos últimos  testimonios los testigos de la acusación están prácticamente cerrando la fase de las pruebas acusatorias, ya que se han entregado las pruebas suficientes para probar la responsabilidad de Alfonso Podlech en los  crímenes de lesa humanidad llevados a cabo contra la persona del ex sacerdote, ciudadano italo chileno,  Omar Roberto Venturelli Leonelli.

El Tribunal estaría llamando a declarar al Sub-Comisario Victor Vielma, por la información que pudiera haber recabado acerca de la represión en la zona.

Alfonso Podlech estuvo silencioso, cabizbajo durante la audiencia. Una vez mas, ningún familiar lo acompañó en estas audiencias. Se encuentra en celda aislada en la Cárcel de alta seguridad en Roma.

La estrategia de la defensa no se ha orientado a cuestionar la evidencia contra el acusado sino más bien a tratar inútilmente de descalificar a los testigos.

La próxima audiencia de este juicio se realizara los días  19 y 20 de Mayo.

El Comité Juicio y Castigo a Podlechde Temuco, mantuvo un punto de prensa durante estos dos días,  en la sede del Centro de las Mujeres de Temuco, donde mantuvo contacto directo con la querellante Sra. Fresia Cea y los testigos  de la acusación.

Comité Juicio y Castigo a Podlech Integrantes: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía. Agrupación de Ex Presos Políticos de la Araucanía Comisión Ética contra la Tortura.

Fonos de contacto:

Centro de la Mujer: 747424

Comité Juicio y Castigo: 82227383,

95435170

Investigating Operation Condor

A la falta de información pública y gubernamental respecto de la reapertura y continuidad de la Comisión Asesora Presidencial sobre Detención Política y Tortura, se suma hoy la decisión del Gobierno de derecha de quitar del Portal www.presidencia.cl cualquier vestigio de su existencia.

Quizás nos acusen de intentar ver bajo el petróleo pero sin duda es una clara señal del gobierno piñerista respecto de la importancia que le dará el Ejecutivo a los temas de los derechos humanos en los próximos cuatro años.

Si antes de asumir Piñera la información proporcionada por el gobierno concertacionista era más bien  escasa, hoy, los encargados de difundir las actividades y responsabilidades presidenciales del mandatario en ejercicio no consideraron importante mantener un espacio  en el Portal (banner informativo) a lo menos como franciscanamente antes existía. Pero si dan importancia a vínculos a redes como Fecebook, Twitter, o la agenda presidencial minuto a minuto.

Podría ser considerado un error comunicacional de los asesores que dependen de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Ena von Baer. O quizás, podría argumentarse falta de conocimiento y de dermis de las materias vinculadas a los derechos humanos ya que ellos nunca fueron afectados. Es humanamente entendible pero no justificable. No es un tema menor sobretodo pensando que a más de 20 años de democracia las heridas de Chile aún persisten.

La falta de información y difusión del funcionamiento de la Comisión Valech, que además tiene atribuciones de calificar a víctimas de la violencia política, vean entorpecidas los canales formales para dar su testimonio sobre la forma de cómo fueron vejados y, en otros casos, encarcelados.

De persistir este silencio informativo impuesto por el Ejecutivo al sacar cualquier resabio que “huela” o guarde relación a los derechos humanos de su Portal de Gobierno, significará que estamos ad portas de una nueva estrategia político-comunicacional destinada a instalar el olvido y la impunidad en nuestro país.

Hoy el gobierno tiene la palabra y del deber de corregir lo mal obrado, mientras que las víctimas la responsabilidad moral de multiplicar la denuncia.

Workers at the BP plant at Tauramena, part of the Cusiana oil field in Casanare have been protesting since 22 January 2010 for improved wages.  On 15 February the notorious ESMAD ‘anti-mutiny’ police attacked the workers’ picket line and the local community. Three workers are in hospital. They are members of the national Oil Workers Union USO that has only been able to organise in the plants in the last year.

EMERGENCY PICKET OF BP HQ IN LONDON

SHAME ON BP – HUMAN RIGHTS IN CASANARE!   NO MORE POLICE REPRESSION -  NO BLOOD FOR OIL!

4pm Friday 26 February, outside BP HQ, 1 St James Square, London SW1 (nearest tube Piccadilly Circus)

Bring banners, placards and let’s make a noise!

Please,  send protest messages to BP demanding the corporation conducts peaceful negotiations with USO, meets the workers just demands and guarantees no victimisation of union members; and that BP condemns the ESMAD police repression of its employees.  Send your message to (£2.5 million a year) Executive Director and Group Chief Executive Tony Hayward at email: tony.hayward@bp.com

Send messages of solidarity to the workers via USO Human Rights Commission email: usopaz@yahoo.com

The Colombia Solidarity Campaign will be planning further solidarity action at its annual meeting in London on Saturday, 27 February.

For more information on this and other campaign activities contact us at email: info@colombiasolidarity.org.uk

Señaló además, que “la Operación Cóndor, fue un pacto criminal entre las dictaduras militares  de América Latina que  dejó un saldo más de 100.000 víctimas en la Región, entre dirigentes de la clase obrera, estudiantes ,profesores, periodistas, artistas,  religiosos/as, líderes indígenas, campesinos, abogados, médicos, fiscales, jueces, intelectuales: LA CLASE PENSANTE DE AMERICA LATINA”.

Enfatizó que “en este momento en el que hay tomar decisiones electorales, porque las decisiones ciudadanas que se adoptan en el territorio de Chile, involucran ahora, al MERCOSUR, a la región y al mundo. Por ello, es necesario recordar para no repetir. En el caso específico de Cóndor, hay que tener presente que el dictador Augusto Pinochet, ejecutó la orden del entonces Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger para la creación y funcionamiento de   la OPERACIÓN CONDOR. PACTO CRIMINAL entre los militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en la década del 70”.

“Me preocupa además – agregó- que el prestigioso escritor peruano Mario Vargas Llosa, haya brindado un “espaldarazo” al candidato Piñera quien contribuyó con la instalación de un modelo económico que fabrica pobres a lo largo de todo el mundo escudados en las recetas de Milton Friedman, pero lo más grave son las evidencias de los documentos desclasificados que permiten observar la participación o cercanía con acciones represivas del régimen de Terrorismo de Estado implantado por Pinochet. “ Me pregunto entonces, de qué modo esta propuesta de Piñeira contribuirá a la democracia en América Latina si el mismo estuvo vinculado a las más graves violaciones a los Derechos Humanos. Realmente no lo sé, pero invito a reflexionar sobre el tema.  Más allá de las figuras estelares que puedan decir piropos a favor de Piñeira, están estos antecedentes sobre los que hay que pensar para decidir hacia dónde va nuestro voto.”

De este modo reflexionó el Dr. Martín Almada, quien fue una destacada figura en el Festival de Cine Social y de los Derechos Humanos “Cine Otro” que finalizó ayer sábado en  Valparaíso, Chile, donde se presentó el film “Vestigios de un sueño” cortometraje del paraguayo Erich Fischer que está siendo presentado con mucho éxito en diversos países europeos. El film relata la experiencia social y educativa que llevó a cabo Almada en Paraguay y que le costó años de prisión en la dictadura de Stroessner y que determinó su investigación sobre el Terrorismo de Estado que culminó con el descubrimiento del llamado “Archivo del Terror” el 22 de diciembre de 1992 en una edificio policial cercano a la capital paraguaya. Este descubrimiento, permitió sacar a la luz toneladas de documentos que contienen, entre otros, el acta de nacimiento de la Operación Cóndor  en Santiago de Chile, bajo la dictadura de Pinochet. Un logro que como él mismo dijo, permitió “pasar del rumor siniestro a la verdad comprobada”. “Para el caso de Chile, permitió al Juez español Baltasar Garzón contar con las pruebas contundentes para el proceso judicial que llevó a cabo en Inglaterra contra Pinochet.

El gobierno de la Presidenta Bachelet logró aprobar en el Congreso su proyecto de ley de INDH. Allí se incluye, en artículos transitorios, la reapertura de las comisiones que podrán calificar nuevas víctimas, permitirá terminar parcialmente con el abandono total en que tenía a las viudas de nuestros compañeros fallecidos.

Habrá que estar atentos a la noticia de cuándo y dónde empezará a funcionar dicha comisión.  En cuanto se publique la ley 20405, deberán presentarse al IPS las compañeras viudas con los respectivos certificados de defunción y de matrimonio a fin de poder pronto empezar a percibir la pensión que ahora les corresponde según esta ley.

Junto a los compañeros y compañeras que constituimos el Secretariado Nacional entregamos esta mañana en La Moneda nueva carta a la Presidenta Bachelet, reiterando la petición de audiencia que hiciéramos el 16 de octubre pasado (se adjunta el texto del conciso documento).

Les adjunto, también, el texto completo de la Ley N° 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.  Ayer. en un acto realizado en La Moneda, la Presidente procedió a promulgarlo, este texto debe ir a la toma de Razón de La Contraloría y en los próximos días se publica en El Diario Oficial para ser definitivamente ley de La República.

Les agrego a continuación el comentario de la presidenta de la AFDD:

Presidenta de AFDD critica fundamentos del Instituto Nacional de Derechos Humanos

(Fuente,  Por Bárbara Covarrubias, Emol)

Lorena Pizarro, quien se restó de la ceremonia de promulgación de la ley que crea el nuevo órgano, dijo que éste no cumple con una serie de condiciones recomendadas por la ONU para la protección de estos derechos.

SANTIAGO.- La presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Lorena Pizarro, se mostró disconforme con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ley promulgada esta mañana por la Presidenta Michelle Bachelet, ya que a su juicio no cumple con todas las condiciones para evitar delitos en este sentido.

Pizarro dijo que el Instituto de DD.HH. “no cumple con todos los reparos que hizo la ONU a esta iniciativa legislativa y no cumple con todos los reparos que nosotros teníamos”.

Uno de ellos es que el organismo no tendrá la facultad de querellarse respecto a casos de DD.HH. anteriores a su creación, los que seguirán a cargo del programa que para esos efectos funciona en el Ministerio del Interior.

La dirigenta sostuvo que el organismo estaba basado en “un veto aditivo que no considera que hoy día seguimos teniendo un Instituto Nacional de Derechos Humanos que no se fundamenta en los Principios de París”.

Al respecto explicó que esos principios “tienen que ver con la normativa que se establecen los países que adhieren y crean estas instituciones de protección a los derechos humanos y que demandan ciertas condiciones, entre ellas la autonomía absoluta que no tiene este instituto”.

Además, se mostró en contra de la disconformidad de la mantención en un artículo transitorio respecto a la misión del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, el cual “también debía considerar a la tortura como un delito terrorista y por lo tanto también tiene el Estado la misión de perseguir a los torturadores. Y eso lo sigue manteniendo este Instituto de Derechos Humanos. La tortura pareciera entonces que no es delito“.

Por ello, los principales representantes de las asociaciones de DD.HH. no participaron en la ceremonia de promulgación de la ley que esta mañana encabezó Bachelet en el Salón Montt-Varas de La Moneda.