Por Salim Lamrani 19 Mar 2013…….. Capriles encabeza los hechos vandálicos contra la Embajada de Cuba, durante Golpe de Estado contra Chávez. ¿Quién es realmente el candidato que enfrentará a Nicolás Maduro en la elección del 14 de abril del 2013?

Conozca más detalles de la trayectoria de Henrique Capriles Radonsky, gobernador de Miranda y candidato a las elecciones presidenciales venezolanas del próximo mes.

1. Nacido en 1972, Henrique Capriles Radonsky procede de dos de las más poderosas familias venezolanas, las cuales se encuentran a la cabeza de varios conglomerados industriales, inmobiliarios y mediáticos (Capriles) y poseen el Circuito Nacional de Exhibiciones (Cinex), segunda cadena de cines del país (Radonsky).

2. Su familia es propietaria del diario Últimas Noticias, de mayor difusión nacional, cadenas de radios y un canal de televisión.

3. En los años 80, militó en el partido de extrema derecha Tradición, Familia y Propiedad.

4. Capriles fue elegido diputado en 1999 por el Estado de Zulia por el partido de derecha COPEI. Contra todo pronóstico y a pesar de su inexperiencia política, fue nombrado inmediatamente presidente de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en el más joven diputado en dirigir la Cámara baja del Parlamento.

5. En realidad, logró imponerse a los otros aspirantes con mayor trayectoria política gracias al poder económico y financiero de su familia que financió las campañas de muchos diputados.

6. En 2000, fundó el partido político Primero Justicia con el conservador Leopoldo López y se alió con el International Republican Institute, rama internacional del Partido Republicano estadounidense. El presidente de la época era George W. Bush, el cual brindó un amplio apoyo a la nueva formación política que se oponía a Hugo Chávez, particularmente mediante el National Endowment for Democracy.

7. Según el New York Times, “La National Endowment for Democracy se creó hace 15 años para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) durante décadas. Gasta 30 millones de dólares al año para apoyar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países”.

8. Según Allen Weistein, padre de la legislación donde se establecía la NED, “mucho de lo que hacemos hoy ya lo hacía la CIA de manera encubierta hace 25 años”.

9. Carl Gershman, primer presidente de la NED, explicó la razón de ser de la Fundación en junio de 1986: “Sería terrible para los grupos democráticos del mundo entero ser vistos como subvencionados por la CIA. Vimos eso en los años 60 y por eso pusimos término a ello. Es porque no pudimos seguir haciéndolo que se creó [la NED]”.

10. Durante su mandato de alcalde de la municipalidad de Baruta, Capriles firmó varios acuerdos con el FBI estadounidense para formar a su policía municipal, y recibió fondos de la embajada de Estados Unidos para esa misión.

11. Henrique Capriles participó activamente en el golpe de Estado contra Hugo Chávez organizado por Estados Unidos en abril de 2002. Alcalde de Baruto, procedió al arresto de numerosos partidarios del orden constitucional, entre ellos Ramón Rodríguez Chacín, entonces Ministro de Interior y Justicia, el cual fue violentamente agredido por los partidarios del golpe frente a las cámaras de televisión.

12. Al respecto, las palabras de Rodríguez Chacín son esclarecedoras: “Les hice ver [a Henrique Capriles y Leopoldo López, quienes llegaron para arrestarlo] el riesgo, el peligro que había para mi integridad física [de salir frente a la multitud], que la situación se iba a escapar de sus manos, sugerí salir por otro lugar, el sótano y la respuesta que recibí de Capriles, precisamente, fue que no, porque las cámaras estaban al frente del edificio. Ellos querían sacarme en frente de las cámaras, para exhibirme, no sé, supongo; para vanagloriarse ellos, a pesar del riesgo”.

13. Unos días antes del golpe de Estado, Capriles apareció ante las cámaras de televisión con los dirigentes de su partido político Primero Justicia para reclamar la renuncia de Hugo Chávez, de los diputados de la Asamblea Nacional, del Fiscal de la República, del Defensor del Pueblo y del Tribunal Supremo de Justicia. Tras el golpe del 11 de abril, la primera decisión de la junta golpista fue precisamente disolver todos estos órganos de la República.

14. En abril de 2002, Primero Justicia fue el único partido político en aceptar la disolución por la fuerza de la Asamblea Nacional que ordenó la junta golpista de Pedro Carmona Estanga.

15. Durante el golpe de Estado de abril de 2002, Capriles también participó en el asedio a la embajada cubana de Caracas, que organizaron la oposición venezolana y la extrema derecha cubanoamericana. Estaba presente Henry López Sisco, cómplice del terrorista cubano Luis Posada Carriles, responsable de más de un centenar de asesinatos, entre ellos el atentado contra el avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 2006 que costó la vida a 73 pasajeros.

16. Tras cortar el agua y la electricidad, Capriles, quien pensaba que el vicepresidente de la época Diosdado Cabello, se había refugiado en la entidad diplomática, entró y exigió del embajador revisar el lugar, violando así el Artículo 22 de la Convención de Viena, que estipula que las representaciones diplomáticas son inviolables.

17. Germán Sánchez Otero, entonces embajador cubano en Venezuela, le respondió lo siguiente: “Si usted conoce el derecho internacional debe saber que tanto Venezuela como Cuba tienen derecho a que un ciudadano sea evaluado para recibir asilo político en cualquier sede diplomática. Un demócrata, un humanista, no puede admitir que haya niños sin agua, sin electricidad y sin comida”.

18. Al salir de la embajada, Capriles, lejos de calmar la multitud alterada, declaró a la prensa que no había podido revisar la representación diplomática y que estaba en la imposibilidad de confirmar o no la presencia de Cabello, lo que suscitó nuevas tensiones.

19. Por su participación en el golpe de Estado, Capriles fue enjuiciado y encarcelado de modo preventivo por sustraerse a la justicia.

20. El fiscal de la República, Danilo Anderson, encargado del caso Capriles fue asesinado en noviembre de 2004 en un atentado con coche bomba.

21. En 2006, los tribunales absolvieron a Capriles.

22. En 2008, se abrió un nuevo juicio penal que todavía está en curso.

23. Tras su elección en 2008 como gobernador del Estado de Miranda, Capriles expulsó de las instalaciones de la región a los funcionarios encargados de los programas sociales que elaboró el gobierno de Chávez.

24. En su programa electoral, Capriles promete luchar contra la delincuencia. No obstante, desde su llegada al poder en Miranda, la inseguridad se incrementó haciendo del Estado uno de los tres más peligrosos de Venezuela. Entre 2011 y 2012, la tasa de homicidios aumentó más de un 15%.

25. A pesar de este balance, Capriles, reelegido en 2012, todavía se niega a aceptar la implantación de la Policía Nacional Bolivariana en el territorio que dirige.

26. Entre 2008 y 2012, Capriles despidió a más de mil funcionarios en el Estado de Miranda –que trabajaban en el sector cultural– por considerarlos sospechosos de ser partidarios del antiguo gobernador chavista Diosdado Cabello, y procedió al cierre de decenas de bibliotecas.

27. En 2012, Capriles se reunió secretamente en Colombia con el general Martin Demsey, Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. No se filtró nada de esas conversaciones.

28. Capriles no deja de reclamarse del antiguo presidente brasileño Lula da Silva. No obstante, éste brindó varias veces su apoyo a Hugo Chávez, particularmente en las últimas elecciones de octubre de 2012. “Tu triunfo será nuestro”, declaró en un mensaje al Presidente Chávez.

29. Candidato a la elección presidencial de 2012, en nombre de la Mesa Unidad Democrática que agrupó los partidos de oposición, Capriles perdió el escrutinio con más de diez puntos de diferencia.

30. En caso de victoria en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, Capriles prometió la amnistía para Pedro Carmona Estanga, antiguo presidente de Fedecámaras que encabezó la junta militar durante el golpe de Estado, actualmente prófugo de la justicia y refugiado en Colombia.

31. El programa presidencial de Capriles es de esencia neoliberal y preconiza una aceleración de las privatizaciones en una economía controlada en más del 70% por el sector privado, una autonomía y una descentralización.

32. En caso de victoria de Capriles, la empresa petrolera nacional Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), no se encontrará bajo control político.

33. El programa de Capriles prevé la suspensión de la ayuda financiera que otorga PDVSA al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), el cual financia las infraestructuras y los programas sociales.

34. Capriles impondrá un aumento del precio de la gasolina que se consume en el mercado nacional.

35. Se cancelarán las reformas agrarias que realizó el gobierno de Chávez y se restituirán las tierras a los latifundistas.

36. La Ley de Pesca, de la cual se beneficiaron decenas de miles de trabajadores del mar, también se abrogará.

37. Capriles autorizará en Venezuela el cultivo de organismos genéticamente modificados.

38. Capriles propone “incorporar en el sistema educativo básico y medio, temas demostrativos sobre la conexión entre propiedad, progreso económico, libertad política y desarrollo social”.

39. Capriles prevé otorgar independencia total al Banco Central de Venezuela, con el fin de evitar todo control democrático sobre las políticas financieras y monetarias, y le prohibirá “financiar el gasto público”.

40. Capriles anunció que pondría fin a la relación especial con Cuba, lo que afectará los programas sociales en los campos de la salud, la educación, el deporte y la cultura.

41. Capriles pondrá término a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), organismo de integración regional.

42. Capriles suprimirá el programa Petrocaribe que permite actualmente a 18 países de América Latina y el Caribe, o sea 90 millones de personas, conseguir petróleo subvencionado y asegurar su abastecimiento energético.

43. Capriles prevé firmar tratados de libre cambio (TLC), particularmente con Estados Unidos y la Unión Europea.

44. Capriles prevé volver a otorgar la concesión hertziana al canal RCTV, que emite ahora vía cable y satélite, a pesar de su participación abierta en el golpe de Estado de abril de 2002.

45. Capriles prohibirá todos los programas políticos en el canal nacional Venezolana de Televisión, dejando así el monopolio del debate ciudadano a los canales privados.

46. Capriles prevé “supervisar y controlar la proliferación de emisoras de radio […] y regular el crecimiento de las emisoras de radio comunitarias”.

47. El Programa de la MUD prevé reducir sustancialmente el número de funcionarios.

48. Capriles eliminará el FONDEN, fondo especial destinado a financiar los programas sociales.

49. Capriles pondrá término a la regulación de precios que permite a toda la población adquirir los productos de primera necesidad.

50. Capriles acusa al gobierno venezolano y a la familia de Hugo Chávez de haber ocultado la muerte del Presidente. Para él, su fallecimiento ocurrió antes del 5 de marzo.

The PSUV, and the coalition of parties and social movements that support the Bolivarian government have presented Executive President Nicolas Maduro, as their candidate; whilst the coalition of right-wing parties (MUD), have presented Henrique Capriles, currently governor of affluent Miranda state.

The stakes, as always, are high because a victory for Venezuela’s right-wing would represent a setback for social and democracy in Venezuela, taking Venezuela back to the terrible days of the IV Republic. The election of Nicolas Maduro, on the other hand, would mean a continuation of the highly progressive development thus far achieved in that South American nation.

As it was to be expected, Maduro is leading in the polls by double digit margins and with less than a month to go, the United States have, as is customary, begun to discredit Venezuela’s electoral process. About a week ago, US State Department Assistant Secretary for Latin America, Roberta Jacobson said it would be “a little difficult” for Venezuela to have “clean and transparent elections,” next month on April 14 (and as is cutomary, she provided no evidence to substantiate the allegation). The corporate media around the world, as is also customary, have echoed these baseless allegations.

In recent days, interim President Nicolas Maduro has also warned of US-inspired destabilisation plans seeking to take advantage of the departure of President Hugo Chavez to topple the government or, more likely, to create the conditions so as not to have to recognise the results of the coming presidential election.

Thus, in the coming period Venezuela will need all the solidarity it can get, and accurate and truthful information, is of the essence to help counteract media misrepresentation of Venezuela’s reality. Please see below links to three articles that you may find of interest. Fell free to circulate, distribute and spread as widely as you can (but please indicate the source).

Dr Francisco Dominguez

Related post:

Exposing the Venezuelan right-wing’s attempts to discredit April’s Presidential election by Lee Brown (VSC Executive member)

Venezuelan Electoral Authority Rejects U.S. Govt. Statements (by VSC): http://www.venezuelasolidarity.co.uk/venezuelan-electoral-authority-rejects-u-s-govt-statements/

El estado de Chile ha sido juzgado por negarse a acatar lo ordenado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2008. Según la sentencia, el valor de la ejecución es por 4.975.630 dólares más intereses vencidos y los que puedan devengarse. En total se calcula que el estado chileno tendrá que pagar al ex propietario de ‘Clarín’ casi 10 millones de dólares.

Hace unos meses Víctor Pey interpuso ante la justicia española una demanda de ejecución forzosa contra el Estado de Chile, como consecuencia del litigio que mantienen ambas partes por la propiedad del diario chileno ‘Clarín’. Pey, de 96 años, había recurrido al tribunal internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial.

El organismo determinó en 2008 que Chile debía compensar los daños y perjuicios que le provocó la expropiación del medio, ocurrida después del Golpe Militar de Augusto Pinochet en 1973. La demanda de ejecución forzosa tuvo lugar después de que el pasado 28 de diciembre los inversores españoles pidieran al presidente de Chile, Sebastián Piñera, que pagara lo establecido por el laudo del Ciadi, aproximadamente 3,8 millones de dólares. Los demandantes no obtuvieron respuesta.

Enlace al artículo completo en El Mundo

A group of about 30 activists gathered Wednesday in front of the Ministry of National Property to protest plans by the Chilean government to auction a human rights centre in Punta Arenas.

The building, formerly used for torture and interrogation under the Pinochet dictatorship, is now an important community space and city landmark occupied by the Union of Human Rights Community Groups.

Since January 2012 the Chilean government has been trying to sell the Human Rights House, claiming the community organization does not have the financial resources to renovate the house and use it properly.

Some protesters claimed that secret plans exist to replace the house with a shopping mall.

For people like Francisco Olarcón,  [former political prisoner and head of the Union of Human Rights Community Groups]  this is a terrifying prospect. The president of the Union of Human Rights Community Groups, himself a former political prisoner, is concerned that part of Chilean history will be forgotten.

“On the morning of Sept. 11, 1973 I was taken into custody and then afterwards shipped to Dawson Island  alongside 70 other detainees. Then I was brought back to Punta Arenas and tortured and interrogated during the shipping and the flight,” Olarcón said.

The Ministry of National Property announced yesterday that the auction process will be temporarily suspended. A future evaluation will decide what happens next to the human rights center.

Link to  Haluka Maier-Borst’s  full article: santiagotimes

El derrocamiento del presidente Salvador Allende y la cruel represión que duró casi veinte años, constituyen la tragedia más dolorosa de la historia de Chile, junto con la guerra civil de 1891 también alentada por capitales extranjeros. Nuestro país recibió de EE.UU. el trato que los imperios suelen dispensar a sus colonias. Las autoridades nacionales fueron manipuladas mediante soborno y corrupción. Dirigentes políticos, parlamentarios, jueces, generales, sacerdotes y medios de comunicación fueron comprados para desempeñar distintos roles en la conspiración.

Esta se inició en octubre de 1970, con el asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército. Se intentaba impedir a toda costa que Allende asumiera el gobierno con un programa de profundos cambios, que se iniciaban con la nacionalización del cobre. Agentes de la antipatria -entre los que destacaba el propietario de El Mercurio, Agustín Edwards, que partió a Washing-ton a pedir la intervención norteamericana-, tomaron parte en una operación para instaurar un nuevo proyecto histórico destinado a refundar el capitalismo en nuestro país, que era la primera experiencia de tránsito pacífico al socialismo.

La gran traición de 1973 fue un golpe artero no sólo a las esperanzas del pueblo chileno sino también a las espectativas que nuestra experiencia había creado en los trabajadores del mundo. El modelo que en 1973 se impuso a sangre y fuego en Chile, constituyó una contrarrevolución en toda la extensión de la palabra. La pieza clave del plan que condujo al golpe de Estado y a la eliminación física de la Izquierda, consistió en hacer creíble que Salvador Allende, un estadista de linaje laico y democrático, pretendía instaurar una “dictadura comunista”. Sobre esa mentira se levantó el andamiaje de la conspiración.

Los mayordomos criollos del golpismo, sobre todo los dirigentes democratacristianos e incluso derechistas que habían convivido con Allende en el Parlamento, sabían que éste jamás habría dado un paso que condujera a una dictadura. Allende, sin ninguna duda, fue el más auténtico demócrata que ha gobernado el país. Su formación ideológica y su experiencia política lo ubicaban en el sector avanzado -pero a la vez más respetuoso de las formas y procedimientos de la democracia burguesa- de los dirigentes reformistas de su época. Esto lo llevó a tomar distancia de políticos como Víctor Raúl Haya de la Torre, en Perú, Rómulo Betancourt, en Venezuela, José Figueres, en Costa Rica, Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico, etc., los cuales partiendo de posiciones progresistas, y hasta revolucionarias, describieron una parábola ideológica que los llevó finalmente a servir al imperialismo y las oligarquías.

Al artículo completo en:  PuntoFinal

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La comunidad indígena Montaña Santa María Xalapán, Jalapa, habitada por unos 85 mil campesinos de 12 cantones y 47 caseríos, está considerada una zona de alta conflictividad en el país: los campesinos exigen que las autoridades reconozcan las 973 caballerías que les fueron otorgadas en 1752, a través de una Cédula Real de Carlos V de España, y que cancelen 16 licencias de exploración minera y otras 15 para explotar metales en el departamento.

Los 2 reclamos han ocasionado algunos incidentes, el último ocurrido el 21 de marzo, cuando un contingente de agentes de la Policía y del Ministerio Público que practicaba una diligencia judicial en la aldea Talpetates, a las 3:00 horas, fue retenido por los pobladores, quienes creyeron que se trataba de la instalación de una empresa minera.

Mas información a través de Ah, Mi Xalapán Jalapa de fb.

Después de una lucha de años, contra viento y marea, los familiares de las víctimas de las brutalidades del exgeneral Efraín Ríos Montt podrán ver este martes en el banquillo, juzgado por crímenes contra la humanidad, al hombre que marcó la segunda mitad del siglo XX en Guatemala.

Tiene 86 años. Sin descartar aún que los abogados logren un nuevo aplazamiento con alguna treta legal, el juicio enfrentará a Guatemala con el espanto de la guerra contra los movimientos izquierdistas en los años 80. Lo que comienza este martes, 19 de marzo, es un relato, por fin en sede judicial, de los traumas que aún sangran en el país centroamericano.

El 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cansados de la corrupción imperante en la cúpula militar que detentaba el poder y cuya brutalidad había dejado al país aislado del contexto internacional, depuso al sanguinario general Romeo Lucas García y elevó al poder a un general retirado de 55 años llamado Efraín Ríos Montt.

Sin que los “jóvenes oficiales”, en su mayoría tenientes y capitanes, lo sospecharan, su decisión de aupar a Ríos Montt abría un capítulo de la historia de Guatemala que estaría marcado por la errática personalidad del viejo general. Fue jefe del Estado durante 16 meses. Pero su protagonismo político en el pequeño país centroamericano ha durado tres décadas, hasta que el 14 de enero de 2012, entregó su acta de diputado y se retiró de la vida política.

El breve mandato de Ríos pasará a la historia como un periodo de represión indiscriminada contra la población civil que “servía de sustento” a la subversión izquierdista. La doctrina de la tierra arrasada, versión del “quitarle el agua al pez” que los franceses aplicaron en Argelia y los norteamericanos perfeccionaron en Vietnam, se convirtió en el primer mandamiento de los Ejércitos latinoamericanos de los años setenta y ochenta. En Guatemala, oficiales argentinos formados en las academias francesas llegaron a ser asesores muy valorados.

Los informes citados por organizaciones humanitarias estiman que durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos sepultados en fosas comunes o dejados a merced de las aves de rapiña. La represión feroz obligó al campesinado a buscar refugio en campamentos mexicanos. Hubo más de 100.000 desplazados. El informe de la CEH documenta 448 aldeas literalmente borradas del mapa.

Enlace al artículo completo en elmundo

Mi teléfono no para de sonar, Fito me habló llorando.” Lo firma Graciela Yorio, la hermana del sacerdote Orlando Yorio, quien denunció a Bergoglio como el responsable de su secuestro y de las torturas que padeció durante cinco meses de 1976. El Fito que la llamó desconsolado es Adolfo Yorio, su hermano. Ambos dedicaron muchos años de su vida a continuar las denuncias de Orlando, un teólogo y sacerdote tercermundista que murió en 2000 soñando la pesadilla que ayer se hizo realidad. Tres años antes, su íncubo había sido designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires, lo cual preanunciaba el resto.

Orlando Yorio no llegó a conocer la declaración de Bergoglio ante el Tribunal Oral Federal 5. Allí dijo que recién supo de la existencia de chicos apropiados después de terminada la dictadura. Pero el Tribunal Oral Federal 6, que juzgó el plan sistemático de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos, recibió documentos que indican que ya en 1979 Bergoglio estaba bien al tanto e intervino al menos en un caso a solicitud del superior general, Pedro Arrupe. Luego de escuchar el relato de los familiares de Elena de la Cuadra, secuestrada en 1977, cuando atravesaba el quinto mes de embarazo, Bergoglio les entregó una carta para el obispo auxiliar de La Plata, Mario Picchi, pidiéndole que intercediera ante el gobierno militar.

Picchi averiguó que Elena había dado a luz una nena, que fue regalada a otra familia. “La tiene un matrimonio bien y no hay vuelta atrás”, informó a la familia. Al declarar por escrito en la causa de la ESMA, por el secuestro de Yorio y del también jesuita Francisco Jalics, Bergoglio dijo que en el archivo episcopal no había documentos sobre los detenidos-desaparecidos. Pero quien lo sucedió, su actual presidente, José Arancedo, envió a la jueza Martina Forns copia del documento que publiqué aquí, sobre la reunión del dictador Videla con los obispos Raúl Primatesta, Juan Aramburu y Vicente Zazpe, en la que hablaron con extraordinaria franqueza sobre decir o no decir que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados, porque Videla quería proteger a quienes los mataron.

En su clásico libro Iglesia y dictadura, Emilio Mignone lo mencionó como paradigma de “pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”. Bergoglio me contó que en una de sus primeras misas como arzobispo divisó a Mignone e intentó acercársele para darle explicaciones, pero que el presidente fundador del CELS alzó la mano indicándole que no avanzara.

Enlace al artículo completo pagina/12

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¿Facho Habemus? Un nuevo Wojtyla…

por Cristian Joel Sánchez*  / PiensaChile, 13/03/2013

Hace algunos minutos la transmisión directa desde el Vaticano mostró la parafernalia que raya en carnaval, en acto culmine del peor de los circos, que se monta cada cierto tiempo al elegir al nuevo mandamás de la Iglesia Católica. Como ocurre en el fútbol, muy de acorde con la nacionalidad del nuevo Papa, se conjeturó hasta último minuto sobre quién y sobre cuál sería la tendencia del director técnico de la iglesia para los próximos años.

Respecto a la tendencia, muy pocos, quizás algunos ingenuos por ahí, dudaban que el ala más reaccionaria de la curia se alzaría otra vez con el poder. Las razones estaban claras: la historia de la iglesia, casi sin excepción a través de los siglos, ha sido siempre la historia de una lucha política caníbalesca y oscura entre fuerzas de claro tinte político, adobada con liturgias de cínica espiritualidad, de rostros hipócritamente angelicales, debajo de los cuales reptan los intereses directos e indirectos de una clase, la de los fariseos y los mercaderes, a los que la Iglesia ha supeditado su poder hegemónico de masas durante siglos.

Los pasajes más siniestros en la historia del poder eclesiástico de Roma, su papel gravitante en el apoyo de los poderosos en desmedro de las mayorías desposeídas, es algo de lo que pocas veces se habla con la sinceridad que amerita este fenómeno sociopolítico que significa y ha significado el catolicismo en el mundo. Es cierto, eso sí, que ha habido voces de valiente denuncia en todos los tiempos, muchos de los cuales pagaron con la tortura y la vida en los periodos más álgidos del poder de los obispos.

Cuando Dios duerme.

Uno de los ejemplos más recientes y sobre el cual algún día se conocerán los verdaderos entretelones, ha sido sin duda el papel relevante, metódicamente elaborado desde los centros de poder del imperialismo, jugado por la iglesia en socavar y posteriormente destruir el socialismo del siglo XX.

Hemos señalado en otros artículos que la caída del mundo socialista, gestado y concretado en esos años, fue responsabilidad principal de los profundos errores habidos al interior de las direcciones supuestamente revolucionarias que terminaron por corromper la ideología. Lo que el imperialismo hizo fue utilizar magistralmente esas debilidades para concretar su destrucción. Durante la década de los ochentas se planificó principalmente por parte de la CIA, un plan destinado a poner todo el énfasis en minar el punto más débil del sistema socialista de naciones y que serviría de detonante para iniciar en cadena el desmoronamiento de ese bloque.

Polonia, uno de los países con mayor presencia del catolicismo, donde repercutían también con gran fuerza los errores económicos y la degradación del poder socialista en perjuicio de una clase obrera altamente permeable, fue elegido para un trabajo de relojería donde la presencia de Walesa como dirigente de prestigio y  la elección de Karol Wojtyla, primer Papa no italiano en muchos siglos, constituyeron los dos pilares fundamentales de la estrategia exitosa que desembocó en el fin de los regímenes socialistas.

El señor Wojtyla se convirtió así no sólo en la herramienta principal del plan respecto de los países del este de Europa, sino que en el agente que recorrió el mundo ayudando a conjurar con una falsa espiritualidad los focos de rebeldía que brotaban en los continentes llamados del Tercer Mundo. Su posición ambigua y condescendiente frente a la dictadura de Pinochet, sus prédicas en contra de los movimientos rebeldes que en ese entonces se alzaban contra la oligarquía latinoamericana y, sobre todo , su contribución decisiva en aplastar la teología de la liberación que tenían a Brasil como el baluarte de la nueva iglesia por la que clamaba el pueblo católico, fue una manifestación del poder y la condición profundamente reaccionaria de una curia que se vuelve a demostrar hoy martes con la elección del obispo argentino Bergoglio como nuevo Papa.

Un nuevo Wojtyla en lontananza.

Este “Príncipe de la Iglesia” subido hoy a la categoría de monarca absoluto, tiene a su haber un pasado oscuro en donde se entremezclan sus connivencias con la dictadura militar de Argentina hasta sus ataques al proceso popular que hoy intenta llevar a cabo Cristina Fernández en la patria de Bergoglio y que iniciara el Presidente Néstor Kitchner. El nuevo Papa, que ha elegido el nombre de Francisco I, enfrenta procesos jurídicos por esos motivos en su patria, pero también en otros países, por ejemplo en Francia, donde se le requiere para que aclare sus vínculos con el secuestro, tortura y muerte de los sacerdote Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, asesinados en la base aérea de Chemical en Argentina, acusado también moralmente por su silencio cómplice en el secuestro de bebés de prisioneros políticos y entregados a los militares, como el caso de la nieta de Alicia de la Cuadra, una de las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Aunque hasta ahora no ha sido condenado y lo será menos con el blindaje de mandamás de la iglesia católica, existen múltiples evidencia que denuncian el papel de Bergoglio como aliado de la tiranía argentina que trascendió a toda América en aquellos años. Pero, en fin, cual más cual menos, muchos de los dirigentes de la alta curia latinoamericana tienen su historial y su responsabilidad de las cuales, de acuerdo a sus creencias, tendrán que responder ante su Dios ya que la justicia de los hombres se muestra muy benevolente con estos especímenes.

Lo que nos interesa argüir en este artículo, son las verdaderas razones de la elección de Bergoglio con el título de Papa, cargo que se ha usado de manera brutal en las últimas décadas contra la rebelión de los desposeídos en cualquier lugar del mundo. Se ha pretendido argumentar por los cómplices conscientes y por los ingenuotes de siempre, que la elección de don Francisco I se debería a la deuda de Roma con un continente donde el catolicismo representa más del 40% de los católicos del mundo. Astuta tesis que puede servir como eficaz anestésico ante las verdaderas razones de tan sorpresiva decisión.

Este argumento esgrimido desde Roma, tiene su esquina rota, como la primavera de Benedetti.  Si de verdad se buscaba congraciarse con los latinoamericanos, bien se pudo elegir un representante de la iglesia brasileña, el país más grande del continente y con mayor número de feligreses. Sin embargo, sobre la iglesia brasileña sigue flotando el humo apestoso para Roma de la Teología de la Liberación que bien pudiera tentar a un Papa a ponerse, como Jesús, al lado de los más débiles. En realidad lo que se busca, es un segundo Wojtyla para los nuevos tiempos y las nuevas tierras que ya no son Europa, sino la tierra latinoamericana donde se está incubando una peligrosa rebelión, el socialismo bolivariano que se extiende cada vez más por el continente.

Un Papa, incondicional de la CIA y de los conservadores de Roma, latinoamericano además, así como Wojtyla era polaco en la Europa socialista, y que, como un plus, es argentino, país donde el kitcherismo puede desembocar en un “desaguisado” revolucionario, venía una vez más, como anillo —papal en este caso— al dedo del imperialismo mundial.

Oremos, oremos, pero no nos turbemos.

Es un viejo adagio, pero no por eso menos refrescante. En los acontecimientos que estremecen a América Latina en los últimos tiempos, en especial en la patria de Bolívar y de Chávez, la iglesia católica —hablamos de los jerarcas que visten de púrpura— está jugando un papel profundamente reaccionario ante los nuevos rumbos que toma la rebelión de los desposeídos. El Presidente Hugo Chávez debió soportar durante su mandato, en especial cada vez que el pueblo fue convocado a las urnas, agresiones virulentas de parte del obispado venezolano que desde siempre se ha hecho eco de los ataques de la oligarquía criolla y de los que provienen de Washington.

Se han encontrado, eso sí, con un difícil escollo: el pueblo revolucionario y sus dirigentes son, en su gran mayoría, también creyentes. Han soportado no sólo el diluvio de mentiras y amenazas de la derecha reaccionaria sin flaquear en su confianza absoluta en que el proceso bolivariano conducirá a los desposeídos hacia una sociedad más justa y equitativa, sino que han soportado el ataque de quienes debieran ser los puntales de su religiosidad que los amenazan con las penas del infierno por apoyar el proceso liberador que se lleva a cabo. En ambos casos han salido hasta ahora victoriosos: no han mellado su confianza en la revolución y no han cejado en su fe religiosa que, en esencia, es también revolucionaria.

Se viene, sin embargo, una vigorosa embestida que apuntará, como en Polonia, a empujar al pueblo latinoamericano a una falsa disyuntiva: elegir entre el canto fariseo de los que han puesto siempre la iglesia como un instrumento de los poderosos, y un proceso, el socialismo, que apunta a destruir el poder económico explotador de las oligarquías continentales.

Por eso, queridos feligreses, creyentes de todos los rangos y edades, hijos todos del Señor, desde hoy les decimos con el alma contrita de oscuros presentimientos: cuando esa arremetida se desate, habrá que resistir en ambos frentes… y que Dios nos pille confesados. Así sea.

*) Cristian Joel Sánchez, escritor chileno

The Editors

Yet today’s article by Jon Kelly, ‘Hugo Chavez and the era of anti-American bogeymen’, takes a particularly spiteful slant on the issue of what is presented as ‘Anti-Americanism’ in Chavez’s stance toward US foreign policy.

The premise of Kelly’s analysis is that Hugo Chavez is simply the latest in a long list of ‘bogeymen’, identified by ‘anti-American’ sentiment. To illustrate the ideological company that Kelly suggests Chavez kept, his image appears on the same panel as murderous despots and terrorists such as Saddam Hussein, Muammar Gaddafi and Osama bin Laden. This may have been normal practice for news organisations such as Fox News, but for the BBC it must be noted that this is a move particularly devoid of integrity, perhaps a new low.

Kelly writes that Chavez was by turns ‘portrayed as a six-times elected champion of the people or a constitution-fiddling demagogue’, implying that the polarisation of commentary concerning Chavez’s presidency makes it difficult to perceive where the truth lies. Perhaps if Kelly had indulged in the journalistic habit of presenting the bare facts, it might help to dispel such confusion. It is factually accurate to acknowledge that Hugo Chavez was democratically elected six times, also that his base of support was amongst the poor, the vast majority of Venezuelans. The ambiguous claim of ‘constitution-fiddling’ is in line with the speculative approach the BBC has consistently leaned towards in reporting on Venezuelan politics, relying on the hyperbole of the opposition, yet lacking in facts (in a similar vein, the link to the BBC video on Hugo Chavez’s life on the BBC website has been updated and is now titled ‘Life of people’s hero and villain’).

In discussing US-Venezuelan relations, Kelly does not mention probably the most seminal event of the last fourteen years: the US-backed coup in 2002. As an interesting aside, straight after the death of Hugo Chavez, in the BBC ‘look back’ at his life, the coup was also omitted by James Robbins, who instead described events as ‘a general strike’ when ‘Chavez was briefly pushed from office’.

Kelly creates a ‘spectrum’ of ‘bogeymen’ with ‘anti-American’ tendencies: socialism to secular Arab nationalism to Islamic fundamentalism. The article ties together the homogenously applied label ‘anti-American’ and the term ‘bogeymen’ to somehow equate the two: if you don’t like the behaviour of the US this mode of reasoning renders you no less than a bogeyman, an object of fear and a threat. Kelly comments that where Hugo Chavez belonged on this spectrum was hotly debated. He presents as indisputable the claim that Chavez should be viewed as a ‘bogeyman’; it is only where he sits in relation to other bogeymen that is up for debate.

The article notes that Chavez ‘floridly lambasted “imperial” American policies’, the word ‘imperial’ placed in double quotes, and the notion that the most powerful country in the world with 900 military bases in 130 countries might have imperialist tendencies portrayed as ludicrous. In fact, the BBC never refer to US imperialism without quotation marks; imperialism is a word for history books it seems, today’s western militaries simply invade countries for the greater good. Those who think the US is an imperial power are simply ‘anti-American’ goes the gist of this article.

Anti-American

The term anti-American is one applied to negate critical positions on the policies of the US. Noam Chomsky has commented on the term ‘anti-American’ that it ‘is an interesting expression, because the accusation of being anti-nation is used typically in totalitarian societies, for example, the former Soviet Union accused dissidents of being anti-Soviet. But try “anti-Italian” or “anti-Belgian,” people in Milan or Brussels would laugh’.

By this tendency to apply one label to a range of political viewpoints, Hugo Chavez joins the ranks of the ‘most prominent critics’ of US power have recently ‘exited the spotlight’. The implication here is clear: Osama bin Laden, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, and Kim Jong-il have been prominent critics of the US, and if anyone happens to disagree with the US, they are in the same boat. All who do not ‘agree’ with the United States, including disagreement with any and all elements of US foreign policy, are designated to one ideological grouping. Naomi Klein discusses how this approach was taken by critics of anti-corporate protesters following September 11, 2001, who ‘attempt to make ideological links between anti-corporate protesters and religious fundamentalists like bin Laden, as British secretary of State for international development Clare Short did in November 2001. “Since September 11, we haven’t heard from the protesters,” she observed. “I’m sure they are reflecting on what their demands were because their demands turned out to be very similar to those of Bin Laden’s network.”’

The attempt to place a range of political positions in one or another camp (‘us’ or ‘theirs’) works to deter dissent. ‘To engage in dissent in this climate [following September 11] was unpatriotic’, as Klein writes. ‘The new battle lines have been drawn, crude as they are: to criticize the U.S. government is to be on the side of the terrorists, to stand in the way of market-driven globalization is to further the terrorists’ evil goals’.

This is precisely the position propagated by the Bush administration at the launch of the ‘war on terror’, ‘the binarism that Bush proposes’, as Judith Butler described, ‘in which only two positions are possible – “Either you’re with us or you’re with the terrorists”’. Liberally applying the label ‘anti-American bogeyman’ on the basis of a divergence of position with US policy, as Kelly does, is consistent with this position of binarism.

The BBC claims to take an impartial stance on international issues, yet this article propagates a worldview in black and white terms. In this presentation of political positions as a choice between only two options, that of the US and the political ideology of free market are presented or that of the despotic and terroristic bogeyman.

It is important that the events which have taken place in Venezuela, and throughout Latin America, over the past decade, the development of peaceful, democratic alternatives to the policies of neoliberalism, are not airbrushed from the historical record. The standards of living have improved for millions of people following a process that has had popular, democratic support, yet the international perception of the changes in Venezuela are at risk of being written off as simply the actions of another ‘anti-American’ ‘bogeyman’ due to the media’s relentless negative treatment of the Venezuelan government.

ElNacional 07 .03.2013 .…. La trascendencia de la figura del presidente Hugo Chávez para los países de América Latina se vio reflejada en las reacciones de pesar de los distintos gobiernos del área ante su muerte, así como las instancias regionales promovidas por el mandatario que ahora enfrentan un vacío de liderazgo.

Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, República Dominicana, Chile, Dominica, Cuba y Nicaragua se sumaron al luto que vive Venezuela.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff decretó tres días de duelo nacional, igual que el Gobierno de Uruguay, que en una resolución destacó que la muerte de Chávez enluta a toda la comunidad internacional.

Chile también se unió al respeto y al recuerdo del mandatario venezolano con tres días de luto, así como República Dominicana.

El martes decretaron tres días de luto el presidente de Ecuador, Rafael Correa, la de Argentina, Cristina Fernández, y el Gobierno de Cuba. Además, La Habana celebrará hoy  una jornada de homenaje póstumo al presidente Chávez.

En Bolivia, el duelo será de una semana sin suspensión de actividades públicas ni privadas, según decretó el presidente Evo Morales, al igual que en Nicaragua, cuyo presidente Daniel Ortega expresó su  más profunda solidaridad y manifestó su certeza “de que el Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, vive en el corazón de todos los pueblos libres y en las revoluciones que protagonizamos”.

El primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, ordenó que todas las banderas de la isla ondeen a media asta.

El Congreso de Perú guardó  un minuto de silencio, y en toda Centroamérica se recordó a Hugo Chávez con actos y palabras de homenaje.

Acceder al artículo completo ElNacional

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By Thelma Mejía,  04.02.2013

The law created the National Directorate of Investigation and Intelligence (DNII), a key agency in the security structure that does not appear to be accountable to any other body, and does not appear to be under democratic civilian control.

“This bill unites or fuses military defense and internal security, which is dangerous, because one of the aims after the Cold War was to separate these fields, due to the negative effects (their union had) on systematic violation of human rights” in the region, sociologist Mirna Flores, an expert on the issue, told IPS.

“We are back again with old national security concepts dating from the Cold War era in Central America, and the danger is that the former anti-communist rhetoric may be used against the ‘new threats’, such as allegedly criminal youth, dissidents against the regime, social protests or for the imposition of absolute powers,” she said.

The approval of the law on Jan. 14 took human rights organizations, civil society groups and academic bodies by surprise, because of the rushed nature of the legislation, the lack of consensus-building and the skipping of two of the three debates necessary for passing laws in parliament.

Sergio Castellanos, a legislator for the left-wing Democratic Unification Party, was the first to react when the bill was introduced. He asked for time for a fuller debate, but was overruled by the large right-wing majority comprising representatives of the governing National Party and one wing of the Liberal Party.

The law was passed amid a whirlwind of parliamentary activity, along with constitutional reforms and other laws that have engendered controversy in the country, such as mining regulations and suspension of all tax exemptions, pending review.

The Intelligence Law has some loopholes consisting of a lack of conceptual definitions, included in modern legislation in order not to allow room for discretionary interpretations or decisions.

Roberto Cajina, a civilian consultant on security, defense and democratic governance, told IPS that lack of definitions and limits in the text of the new law could give rise to “temptations” for abuse.

“It must be clearly understood what is meant by investigation, intelligence, strategic action, privacy protection, national security, special units, covert operations, special agents, special protection measures, secret funds and special risks, to cite just the most important definitions that are lacking in the law,” Cajina said.

Article 28 out of the 33 articles in the law says the DNII may recruit active members of the armed forces and the national police, Cajina said. This is “a very delicate matter and should be studied with care,” he said.

“As it stands, it is a dangerous precedent. One could warn of possible ‘piracy’ of the DNII toward the armed forces and police. What kinds of intelligence do each of them carry out?” he asked.

“If this is not clarified, problems and serious contradictions will arise, and the scenario will change radically. It is necessary to demarcate the boundaries of the fields of action of each of them,” Cajina emphasized.

Flores, the sociologist, and Cajina concur that another vacuum in the law is the lack of a chain of command subjecting the DNII to the control of any civilian institution or authority. It is not clear to what body it is affiliated.

The law compels private bodies to “cooperate by providing information required of them in order to support intelligence efforts”.

The experts said there should be a clearer description of the kind of information that private companies are required to give, because the current text leaves too much room for discretion. “The DNII director could, with very little justification, pick any organization as a subject of interest which must provide the information (the DNII) demands,” they said.

“We are alarmed at this law that was tabled without ceremony, but also without debate, and furthermore, relying on old Cold War concepts,” activist Bertha Oliva, of the Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras (COFADEH), told IPS.

Oliva said she was concerned by some aspects of the law, especially the power it gives the DNII to create “special investigation and intelligence units” and to cooperate with “other state intelligence bodies”.

“Does that mean there are more? Which ones? Why do we know nothing about them? I think there are many loopholes that could lead to abuses,” she said.

In the 1980s, members of the Honduran intelligence corps created the so-called Batallón de la Muerte (death squad), which was responsible for the forced disappearance of 187 people for political and ideological reasons, according to an official report.

This history raises fears that a similar body could be recreated, since the executive branch is giving the armed forces and police wide powers to run an intelligence corps which by law was supposed to come under the rule of the Commission on Public Security Reform, a civilian body working on structural reform of the police, prosecutors and the justice system.

But according to Matías Funes, chair of the Commission on Public Security Reform, its proposals do not have the ear of the legislative and executive branches. “It’s as if there were a parallel agenda,” and the institutional environment and democratization of the country are not making progress, he said.

Dawn Paley,  20.12.2012, GUATEMALA CITY—The news broke in the United States during the lazy summer days of late August: 200 US Marines were stationed in Guatemala as part of the war on drugs.[1] The deployment of US combat troops to Guatemala was part of Operation Martillo, a military plan meant to disrupt cocaine trafficking routes that pass through Central America on their way from Colombia to the United States.

Fighting organized crime and drug trafficking is the most recent justification for US incursions in Guatemala, also serving to justify the increased activity of Guatemalan military around the country. This militarization is taking place in areas where there are fierce social and land conflicts related to the imposition of mega-resource extraction projects, such as in mining and oil industries. In addition, communities that resist displacement and the extractive industries have been tarred with accusations that they are involved in the organized crime; in some cases entire peasant villages have even been labeled “narco-communities.”

“We have the sense that [fighting narcotrafficking] is a pretext to return to the level of military deployment that was maintained during the height of the armed conflict, which resulted in acts of genocide,” said Iduvina Hernandez Batres, of the Guatemala City-based NGO Security and Democracy (Sedem). The Guatemalan Army, which is still formally ineligible for receiving US military assistance, was responsible for the vast majority of the 200,000 killed and the 50,000 disappeared during the internal armed conflict, which officially ended in 1996.

The Guatemalan army was called upon “to put an end to the external threats and contribute to neutralizing illegal armed groups by means of military power,” by Guatemalan President Otto Pérez Molina the day after his inauguration in January 2012.[2] Pérez Molina, a former General and head of army intelligence, also promised to increase military spending. So far, he has kept his promise. According to Plaza Publica, a Guatemalan investigative journalism outlet, projected spending on military and security equipment in 2013 alone will surpass all such spending between 2004 and 2012.[3]

The arrival of US Marines in Guatemala represents more than a military maneuver to disrupt drug trafficking. It demonstrates that in allied countries like Guatemala, the US can champion a military invasion under the discourse of the war on drugs with little fanfare or criticism. The deployment of US troops to Guatemala is arguably the most blatant example of an evolving strategy that the US military establishment is betting on in order to expand and exercise control in the hemisphere, all within an international framework of formal democracy and law and order.

“The predominant hemispheric security challenges no longer stem principally from state–on-state conflict, right-wing paramilitaries, or left-wing insurgents,” reads the US’s Western Hemisphere Defense Policy Statement, released in October of 2012. “Today’s threats to regional peace and stability stem from the spread of narcotics and other forms of illicit trafficking, gangs, and terrorism, the effects of which can be exacerbated by natural disasters and uneven economic opportunity.”[4]

Guatemala, and Central America as a whole, is a testing ground for one iteration of the US military’s new strategy of control, which is being applied unevenly throughout the hemisphere. Here, it includes the presence of US combat troops – something the US can’t get away with in Mexico. It also includes the involvement of military officials from Canada, Chile, and Colombia as trainers in regional security matters.[5]

Events in Guatemala are taking place in the context of an ongoing escalation of the US-backed drug war in Mexico, which has pushed the number of murders to around 100,000 over the past six years, according to some estimates.[6]

While Mexico has been a central focus for US anti-narcotics funds and media attention, its neighbors to the south have already seen their share of action. The deployment of US Marines to Guatemala came just two months after a controversial massacre of civilians in Ahuas, Honduras, when US backed anti-drug efforts there went awry. According to human rights groups, Drug Enforcement Administration agents and Honduran police shot from State Department Helicopters killing four Indigenous people in the country’s northwest in May.[7]

“The aircraft that were used in that operation were at that time piloted by officials of the Guatemalan Army,” said Sedem’s Hernandez. “Later, [Operation Martillo] appeared publicly in Guatemala, getting its official start midway through this year, but the operations had already begun.”

According to official sources, between July and October, members of the US Marine Corps Forces, South —the naval component of the US Southern Command— flew helicopters destined for trafficking interdiction efforts in Guatemala out of Santa Elena, Petén, and aircraft out of La Aurora in Guatemala City, Retalhuleu, and Puerto San José, as well as coordinating with the Guatemalan Navy in Puerto Quetzal, on the Pacific Coast.[8]

Beyond a handful of wire stories, news of the deployment of active duty US combat troops in Guatemala made barely a blip in the media.[9] It also seemed to go largely unnoticed in the Central American nation. Few outside military and security research circles were aware of the details of the agreement between the US Embassy and Guatemala’s Foreign Relations Ministry.

Nineth Montenegro, the second vice president of Guatemala’s congress, told Toward Freedom she found out about the operations through reports in the newspaper.

“There was no discussion in congress. It was an agreement [made by the executive] that the President approved,” said Montenegro. “Some here think there was a violation, because legislative power is independent and it is the only [power] which can authorize the arrival of troops or military or support. It never went to congress.”

A Quiet Agreement

Instead of moving through constitutional channels, on July 16th, 2012, the US Embassy in Guatemala delivered a verbal note to the Minister of Foreign Relations, proposing the conditions for the regularization of US defense personnel in Guatemala. The note from the Embassy, which was later transcribed and published in Guatemala’s Congressional Gazette, makes reference to military and aviation cooperation agreements signed between the two countries in 1949.

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Pronunciamiento en México:

Nosotras, nosotros, artistas, académicos, organizaciones indígenas, civiles, populares y sociales de varias nacionalidades, deseamos hacer pública nuestra preocupación por las irregularidades e iniquidades cometidas en los procesos penales contra los presos políticos mapuche en Chile, Ramón Llanquileo Pilquiman y Héctor Llaitul Carrillanca, integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, así como el quebrantamiento de algunas garantías para un cumplimiento digno de sus condenas.

Nos parece alarmante la transgresión de algunos de los más elementales principios jurídicos como el “non bis in idem”, esto es, que la persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, y la utilización de “testigos secretos”, como ha sucedido en este caso, vulnerando la seguridad jurídica. Nos preocupa en extremo también la inobservancia de los más primordiales derechos humanos, considerando que no puede ser la criminalización de la protesta social la respuesta del Estado hacia las demandas indígenas de tierra, territorio y autonomía.

Hacemos un enérgico llamado al Estado Chileno a garantizar el debido proceso de los detenidos, a revisar las irregularidades acreditadas en su juicio, a garantizar condiciones carcelarias dignas y a poner fin, a la brevedad, a su injusto procesamiento. Asimismo, hacemos un llamado a respetar los derechos y garantías básicos del pueblo mapuche, a reconocer los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el convenio 169 de la OIT y a responder de manera urgente a las demandas de los presos políticos en huelga de hambre.

Queremos expresar nuestro apoyo a la propuesta humanitaria que han realizado doce personalidades, entre ellas reconocidos historiadores y periodistas, líderes estudiantiles y eclesiales entre muchos otros. La iniciativa, que llama al Estado a tomar una ruta de paz partiendo del reconocimiento de las tierras ancestrales y otra serie de medidas, es sin lugar a dudas, una propuesta desde la sociedad civil chilena que merece nuestra adhesión y respaldo.

Nos sumamos a los llamados de solidaridad internacional para movilizarse en enero de 2013 exigiendo la libertad de los presos mapuche. Enviamos finalmente un mensaje de solidaridad desde muchas partes del mundo a los presos y sus familiares, así como hacer saber a los pueblos originarios y en especial al pueblo mapuche que no están solos.

SUSCRIBEN:

ERNESTO CARDENAL, poeta y escritor (Nicaragua); NOAM CHOMSKY, professor (retired) MIT, Cambridge, Massachusetts (EUA); JAMES PETRAS, profesor (EUA); MICHAEL LÖWY, filósofo (Francia); EMIR SADER, Sociólogo y cientista político (Brasil); PABLO GONZÁLEZ CASANOVA Sociólogo, ex-rector de la UNAM (México); RUBÉN ALBARRÁN, vocalista de la banda Café Tacvba (México); MANUEL GARCIA, músico, (Chile); CAMILA MORENO, cantautora (Chile); GUSTAVO CORDERA, músico, vocalista de la Bersuit (Argentina); PEDRO LEMEBEL, escritor y artista visual (Chile); ELENA PONIATOWSKA AMOR, periodista y escritora (México); ANÍBAL QUIJANO OBREGÓN, sociólogo (Perú); MARTA HARNECKER, socióloga (Chile); RODOLFO STAVENHAGEN, ex-relator para los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (México); WALTER D. MIGNOLO, William H Wannamaker Professor and Director, Center for Global Studies and the Humanities, Duke University (EUA); MICHAEL LEBOWITZ, professor emeritus of economics at Simon Fraser University in Vancouver (Canada); EDGARDO LANDER, sociólogo, Universidad Central de Venezuela-Caracas (Venezuela); ANA ESTHER CECEÑA, economista, investigadora de la UNAM (México); JOHN HOLLOWAY, profesor (Irlanda-México); DEMIÁN BICHIR, actor (México); MARCOS ROITMAN ROSENMANN, sociólogo, profesor titular Universidad Complutense de Madrid (España-Chile); RAÚL ZIBECHI, periodista (Uruguay); VÍCTOR TORO RAMÍREZ, luchador social, por la Comisión 1° de mayo del Bronx, New York (EUA-Chile); AMPARO SANCHEZ, cantante (Barcelona); FRANCOIS HOUTART, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica); ADOLFO GILLY, profesor emérito de la UNAM (México); ÓSCAR CHÁVEZ, Cantante, actor y compositor (México); MARISTELLA SVAMPA, socióloga y escritora (Argentina) FERMIN MUGURUZA, músico, (País Vasco); CLAUDIA KOROL, periodista y educadora popular (Argentina); CARLOS WALTER PORTO-GONÇALVES, profesor de la Universidad Federal Fluminense (Brasil); GASPAR LLAMAZARES TRIGO, diputado de Izquierda Plural (España); BEATRIZ AURORA CASTEDO, pintora (México-Chile); HÉCTOR DÍAZ-POLANCO, antropólogo (México); GLORIA MUÑOZ, periodista (México); GUILLERMO ALMEYRA, escritor, profesor universitario y periodista (México); GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Regional Morelos (México); PABLO MAMANI RAMIREZ, sociólogo aymara (Bolivia); ÓSCAR OLIVA, poeta (México); RASHID SHERIF, médico psiquiatra y criminólogo (Túnez); THIAGO DE MELLO, poeta (Brasil); FRANK GAUDICHAUD, universitario, copresidente de France Amerique Latine, miembro del colectivo editorial de Rebelion.org (Francia); PIERRE SALAMA, economista (Francia); FABIOLA VIDAL TOLEDO, educadora-módulo Dental Laja (Chile); VIVIAN LAVÍN, periodista Radio Universidad de Chile (Chile); IGOR GOICOVIC DONOSO, historiador de la Universidad de Santiago de Chile (Chile); GENNARO CAROTENUTO, historiador (Italia); MARIO CASASÚS, corresponsal del periódico mapuche Azkintuwe (México); ORLANDO CAPUTO LEIVA, economista (Chile); RAÚL ORNELAS, investigador UNAM (México); ELVIRA CONCHEIRO, socióloga, investigadora UNAM (México); JOSÉ VENTURELLI, vocero Secretariado Europeo de la Comisión ética Contra la Tortura (Chile); ALIPIO FREIRE, periodista, poeta y militante brasileño, miembro del Núcleo de preservación de la Memoria Política del Memorial de la resistencia de Sao Paulo (Brasil); DANIEL OZUNA, Cátedra libre americanista, Universidad de Buenos Aires (Argentina); FARIDE ZERÁN, académica de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo 2007 (Chile); VIRGILIO CABALLERO, periodista (México); HERMANN BELLINGHAUSEN, periodista (México); MARÍA EMILIA TIJOUX, académica e investigadora del Departamento de Sociología Universidad de Chile, directora Revista Actuel Marx Intervenciones (Chile); VÍCTOR MUÑOZ, historiador (Chile); RICARDO ANTUNES, sociólogo (Brasil); PAULINA FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, doctora en Ciencia Política de la UNAM (México); RAQUEL GUTIÉRREZ, profesora-investigadora Universidad Autónoma de Puebla (México); JOSÉ LUIS ÁLVAREZ GARCÍA, profesor-investigador Facultad de Ciencias de la UNAM (México); CARLOS TAIBO, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (España); MARIO AMORÓS, historiador y periodista (España); BENJAMÍN ARDITI, Centro de Estudios Políticos Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (México); JORGE RIECHMANN, escritor y profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad Autónoma de Madrid (España); SILVIA RIBEIRO, directora para América Latina del Grupo ETC (México-Uruguay); SERGIO NARANJO, diseñador y artista (México-Chile); CARLOS ANTONIO AGUIRRE ROJAS, investigador y profesor Universitario (México); ALFREDO VELARDE SARACHO, profesor Facultad de Economía de la UNAM (México); AXEL DIDRICKSON, investigador de la UNAM (México); SILVIA SORIANO, investigadora de la UNAM (México); JUAN ARANCIBIA, investigador de la UNAM (México-Chile); CARLOS FAZIO, docente y periodista (México); CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA, filósofo, escritor, guionista y ensayista, Premio Libertador Simón Bolívar al Pensamiento Crítico 2011 (España); BÁRBARA JACOBS, escritora (México); VICENTE ROJO, pintor (México); HÉCTOR SILVEIRA, profesor de Filosofía del Derecho UdL (España); AGUSTÍN ÁVILA, economista (México), ELÍAS LETELIER, poeta y ensayista, Montreal (Canadá-Chile); SUSANA RUÍZ GUZMÁN, empleada (México); JEANNETTE MONTOYA, escritora y artista plástica, Gotemburgo (Suecia); AURELIO CUEVAS DÍAZ, académico de la UNAM (México); GERMÁNICO DRUSO (JUÁN CARLOS PACHECO), profesor y poeta (Argentina); DIEGO ALVAREZ MAUREIRA, músico (Chile); SALVADOR LÓPEZ ARNAL, profesor-tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y colaborador de rebelión (España); JOSE MARÍA RIPALDA CRESPO, catedrático Emérito de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (España); PACO SEGURA, coordinador de Ecologistas en Acción (España); ÓSCAR CARPINTERO, profesor de Universidad, Valladolid (España); JOSÉ ALBELDA RAGA, profesor de Universidad (España); MIGUEL ÁNGEL TROITIÑO VINUESA, catedrático Geografía Humana, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid (España); MASSIMO MODONESI, director de las revistas OSAL-Clacso y Acta Sociológica-UNAM, coordinador del Centro de Estudios Sociológicos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM (México); GERMÁN HURTADO ALDANA, por el Frente del Pueblo en la Otra Campaña (México); MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ QUINTANA, por la Unión de Colonias Populares (México); CARLOS RIVERA, por el Comité Amigos de Puerto Rico (México); TOM KUCHARZ, integrante de Ecologistas en Acción (España); NÚRIA VIDAL DE LLOBATERA, integrante de Ecologistas en Acción de Girona (España); MANUEL MONEREO PÉREZ, abogado laboralista, ex diputado miembro de la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida (España); LOIS PÉREZ LEIRA, escritor y cineasta (España); DIANA GUILLÉN, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM e Instituto Mora (México); MARCO CEDILLO COBOS, periodista de Quito (Ecuador); ANTONIO RAGO FILHO, historiador PUC-Sao Paulo (Brasil); CARLOS EDUARDO MARTINS, cientista Político, profesor de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil); JUAN CARLOS MONEDERO, cientista político (España); ALEJANDRO MOREANO, escritor (Ecuador); FABIOLA ESCÁRZAGA, socióloga, profesora- investigadora UAM Xochimilco (México); JURY GARCÍA ANCAMIL, profesor de Historia y Geografía, miembro de la Mancomunal del Pensamiento Crítico; LOS DE ABAJO, banda de rock (México); ELENA URRUTIA, MARICHEWEU KULTURVEREIN por los derechos humanos del pueblo mapuche (Alemania); YLENIA HARTOG, abogada, máster Derecho Internacional (Chile); CATALINA EIBENSCHUTZ, profesora Investigadora (México); ARNALDO PÉREZ GUERRA, historiador y periodista (Chile); VICTOR HUGO DE LA FUENTE, periodista, director de la edición chilena de Le Monde Diplomatique (Chile); ISELA VEGA, actriz (México); BEATRÍZ STOLOWICZ, académica (México); HERNÁN OUVIÑA, Politólogo, Profesor-Investigador de la UBA (Argentina), LUISA HUERTAS, actriz (México); JOSÉ MANUEL MARTÍN MEDEM, periodista (España); LUCIANO ESPINOSA, profesor titular de filosofía, Universidad de Salamanca (España); NIALL BINNS, poeta británico y profesor titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid (España); JAVIER MOYA EQUIZA, editor de video (España); ABEL ESTEBAN; JANEKEN MONTOYA; JAVIER ANDRADE; MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ NAVARRETE, Secretario Técnico Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (México); ANA LAURA VILCHIS OCHOA, CARLOS BEAS, UCIZONI (México); ADRIÁN SOTELO, Centro de Estudios Latino Americanos-UNAM (México); MARTA DE CEA, productora musical (México-Argentina); MODESTO LÓPEZ, documentalista (México-Argentina); LAURA CARLSEN, directora del Programa de Las Américas del Centro de Relaciones Internacionales (México); FERNANDO ALTEMIR (México), MARIO BLADIMIR MONROY GÓMEZ, MARCELA ALVAREZ PD, Pedagoga (México), ALFREDO DUARTE CORTE, Estudiante Post-grado en Sociología del ICSYH-BUAP (Puebla, México)

JUNTO CON:

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (México); Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid (España); Movimiento Popular La Dignidad (Argentina), Espacio Social y kultural La Karakola (D.F., México); Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire de la Otra Campaña (México); Colectivo Acción Inteligente de Desempleados, Estudiantes y Trabajadores (D. F. y Edomex, México); Coalición de Trabajadores Administrativos y Académicos del STUNAM (D. F. y Edomex, México); Sindicato Nacional de Trabajadores de Uniroyal (D.F. y Querétaro, México); La Otra Huasteca Totonacapan (Veracruz, Puebla, Hidalgo); Sector de Trabajadores (Oaxaca, México); Centro Autónomo de Capacitación y Formación Política de las y los Trabajadores de la Otra Campaña (D.F., México); Dorados de Villa (Puebla y Veracruz); Comunidad Autónoma Ollin Alexis Benhumea Hernández (Cuetzalan, Puebla); Comunidad Autónoma Ernesto Guevara de la Serna (Ayotoxco, Puebla); Colectivo Independencia (Xalapa, Veracruz); Colectivo de Arte Independiente (Puebla, México); Frente Popular Francisco Villa Independiente-UNOPII (México); jóvenes en resistencia alternativa (México); Movimiento de Unidad y Resistencia Ciudadana (Poza Rica, Veracruz); Municipio Autónomo de San Juan Copala (Oaxaca, México); Honorable Casa Nacional del Estudiante (D.F., México); Comité de Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua (Guerrero, México); Organización Zapatista Educación para la Liberación de Nuestros Pueblos (México); Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”; CIPO-RFM (México); Radio Guetza (Oaxaca, México); Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C. (México); Frente del Pueblo en la Otra Campaña; Unión de Colonias Populares; Comité Amigos de Puerto Rico; Maderas del Pueblo del Sureste A.C. (Chiapas, México); Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, RMALC (México).

Iniciativa del: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Mapuche (México).

Foto de manifestación frente a embajada chilena en Mexico del Comité de Solidaridad Presos Políticos Mapuche

Comunicaciones G80 / Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Mapuche (México)

Esto será parte de una campaña de visibilización del tema y una manera de apoyar la cumbre la que convocaron los pueblos indígenas el 16 de enero en el cerro Ñielol. Los videos resultantes se distribuirán por las redes sociales y por diversos medios a nivel latinoamericano

por favor contactarse con

Cecilia González al correo : ceciliagonzal14@gmail.com

Jeannette Paillan
Directora General.
de la Coordinadora Latinoamericana de Pueblos Indigenas, CLACPI
jeanettepaillan@gmail.com

Alberto Conrado Avegno se infiltró como espía en la década del ’60 entre los exiliados de su país en Montevideo. El otro pastor, Claudio Antonio Guerra, confesó sus crímenes en el libro Memorias de una guerra sucia.

Por Gustavo Veiga, pagina12. 31.12.12

La aparición en Uruguay de un servicio de Inteligencia brasileño devenido pastor evangélico, Alberto Conrado Avegno, reactualiza el caso de Claudio Antonio Guerra, su compatriota y colega durante la dictadura, quien también predica en nombre de Dios. Los dos hicieron una carrera parecida. El primero se infiltró en la década del ’60 entre los exiliados de su país en Montevideo. Delató, entre otros, al ex presidente Fernando Henrique Cardoso por “subversivo”. A los 85 años, lo descubrió un equipo periodístico del diario Folha de São Paulo. El segundo confesó sus crímenes en el libro Memorias de una guerra sucia, publicado en mayo último. Es un ex represor del DOPS (Departamento de Orden Político y Social) que se hizo temible en el estado de Espíritu Santo. Hoy tiene 71 años y su testimonio es considerado clave por la Comisión de la Verdad que creó el gobierno de Dilma Rousseff. Los dos dan sermones como si nada hubiera pasado en sus vidas, plagadas de desapariciones forzadas y una notable fidelidad al régimen militar que gobernó de 1964 a 1985.

La metamorfosis de ambos personajes es una curiosidad brasileña. Jair Krischke, consultor de la Comisión de la Verdad, dice que “Avegno es el hijo de un diplomático que fue cooptado por los servicios de Inteligencia y convivía con nuestros refugiados sin levantar sospechas. Operó tranquilamente en Uruguay, Argentina, Chile, Perú y hasta en Cuba y Argelia. Trabajaba para el CIEX (Centro de Informaciones del Exterior), que funcionaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también para el Cenimar, el servicio secreto de nuestra Armada. Logramos obtener 814 páginas que describen su accionar entre documentación de aquella época”.

La historia del pastor Guerra es más conocida en la nación vecina. Estuvo preso siete años por el crimen de un levantador de quiniela del que siempre se declaró inocente. También lo investigó la Justicia por quedarse con el diezmo de la Asamblea de Dios, una orden evangélica. Los videos con su imagen predicando el culto se pueden ver en YouTube. “Cómo fue que Dios me buscó y me colocó en tierra firme”, se pregunta desde una tarima, rodeado de fieles. “Cambié gracias a Dios”, confiesa ante su audiencia este hombre canoso, de lentes, que hasta bien entrada la década del ’80 lucía barba en su credencial de la Secretaría de Estado de Seguridad Pública de Río de Janeiro. Allí se desempeñó en el Departamento General de Investigaciones Especiales como “servicio reservado” entre 1982-83. Aunque unos años antes, y con bigotes, se lo observa en una fotografía color sepia, participando de una reunión del Plan Cóndor en el hotel Gloria de Río.

Estas imágenes aparecen en el libro de investigación de los periodistas brasileños Rogério Medeiros y Marcelo Netto, Memorias de una guerra sucia, donde Guerra brinda un extenso testimonio sobre los hechos en que participó. Uno de ellos, ilustrado con una foto, muestra la fachada de un edificio de Copacabana cubierta por palmeras. Allí el represor estuvo a punto de asesinar a Leonel Brizola, el ex gobernador de Río de Janeiro, ex candidato presidencial y fundador del PDT (Partido Democrático Trabalhista) fallecido en 2004.

Hoy declara que está arrepentido de su pasado, aunque también señala que “mientras cumplía con el régimen militar fui absolutamente leal, hasta el punto de aceptar la responsabilidad por un crimen que no había cometido”. Su súbito misticismo lo resume el título de una de las tantas notas que le dedicó a su caso la prensa brasileña: “Un matador en busca de paz”.

Lo que causa más perplejidad en Brasil no es la fe que profesa, pero sí que jamás figuró como integrante de los aparatos represivos del Estado durante la dictadura en los registros de los organismos de derechos humanos. “Su nombre nunca ha estado en las listas de los acusados por la represión”, dijo Vitória Garbois, presidenta de la organización Tortura Nunca Más de Río, en mayo pasado. Como fuere, la Ley de Amnistía impuesta por los militares en 1979 lo protege de los delitos que cometió.

A diferencia de Guerra, quien apareció en programas de televisión, incluso retratado por el periodismo como un “hombre respetado y temido” en Espíritu Santo o “ex policía y pastor”, Avegno mantenía un bajo perfil en Montevideo, donde Folha de São Paulo lo descubrió este mes. Es el líder espiritual de la comunidad evangélica Centro El Shadday desde 1998. El artículo se titula “O araponga uruguaio”. En Brasil se conoce como araponga a los informantes. Describe que trabajó para la dictadura durante 14 años y que despachó desde Uruguay cientos de informes sobre los exiliados brasileños. Sólo entre 1974 y 1975 redactó 361. Este anciano que no reniega de su historia como espía del régimen militar tenía varios seudónimos: Altair, Johnson, Mario, Carlos Silveira y Zuleica.

Nacido en 1927 en el consulado brasileño de Salto, hijo del diplomático Octavio Conrado, operó en Uruguay entre 1967 y 1980. Uno de sus trabajos como servicio, por los que cobraba 400 dólares, fue describir en un informe enviado al CIEX las actividades en Maldonado del ex presidente Joao Goulart, exiliado en esa época. Por entonces seguía los pasos de unos doscientos brasileños que se habían refugiado en varias localidades uruguayas. De los documentos desclasificados en Brasil por el gobierno, también se desprende que Avegno entregaba la información que juntaba en encuentros de 15 minutos mantenidos en la calle o en cines de Montevideo.

La Comisión de la Verdad que integra Krischke, basada en aquellas pruebas, intentará entrevistarlo en enero próximo en Montevideo para que aporte información sobre cómo era su modus operandi y las víctimas que delató. Varias figuran como desaparecidas. El testimonio de Avegno, a juzgar por una de sus declaraciones a Folha, todavía sigue sintonizando la onda de la Guerra Fría: “Siempre luché contra el comunismo, es una porquería, la derecha es buena, es gente de bien”.

Los cancilleres de Uruguay, Luis Almagro, y de Argentina, Héctor Timerman, firmaron el memorándum de entendimiento para intercambiar la documentación que permita la aclaración de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante sus respectivas dictaduras. Si bien hasta la fecha se ha producido un importante avance en la materia entre ambas naciones, nunca se había firmado un protocolo. “Es como el Plan Cóndor pero al revés”, ejemplificó el canciller Almagro, de Uruguay.

La firma del acuerdo se produjo en Brasilia durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, en paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur y Estados Asociados. El memorándum procura brindar un marco para la cooperación y el intercambio de documentación que permita la investigación con el fin de aclarar los casos de violación a los derechos humanos ocurridos durante las dictaduras que vivieron ambos países en la década de 1970.

El objetivo del documento indica que “las partes, a través de las autoridades competentes, prestarán asistencia y cooperación mutua mediante el intercambio de documentación relevante para la investigación y esclarecimiento de las graves violaciones a las que refiere el presente memorándum”. El propósito es contribuir con el proceso de “reconstrucción histórica de la memoria, la verdad y la justicia”.

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Since they overthrew the US puppet dictator Batista in 1959, Cuba has been subjected to a war of aggression. The illegal US trade embargo, condemned annually in the United Nations, has caused incalculable suffering as Cubans have been denied access to medicines and medical equipment, and cost incalculable wealth as development has been hobbled by lack of access to investment funds and countless products.

When the Cold War ended, far from welcoming the chance to restore normal relations, the US tightened the embargo in an attempt to finally crush the defiant Republic, the bad socialist example in its Latin American ‘backyard’.

Sheffield Cuba Solidarity Campaign Public Meeting

Monday, 19th November, 7.30pm

St Matthews Meeting Rooms, Carver Street, Sheffield S1

US-based terrorist groups have killed nearly 2,500 Cubans, proportionately the equivalent of about 95,000 US citizens – more than twenty 9/11s! The island has been subjected to bombings, chemical and biological weapon attacks by such groups. Cuba sent agents to infiltrate the groups to prevent attacks on Cuba and tourists visiting Cuba.  But in 1998, when Cuba tried to help the FBI deal with the terrorists, the ‘Miami Five’ anti-terrorism agents were arrested and thrown into solitary confinement for a year. Without a single witness able to give evidence of acts of espionage, they were charged with ‘conspiracy’ and sentenced to between 15 years and double life. An international campaign, including tremendous support from British trade unions, has so far failed to win their release.

This is a special opportunity to discuss these issues with Mrs. Esther G. Armenteros Cárdenas, the Cuban Ambassador.

Antonio Albiñana público.es, 29 oct 2012

Pocas dudas caben de que Hugo Chávez es el mandatario occidental que ha sido víctima de más campañas y ataques en los medios de todo el mundo. No importa que haya ganado en buena lid 12 de los 14 comicios que se han sucedido bajo su mandato y tres reelecciones como presidente, con supervisión internacional de los procesos y resultados.

Las campañas de los medios de comunicación en América Latina y Europa han sido de libro. Muy especialmente la del diario El País de España: páginas y páginas dedicadas a anunciar la “previsible” derrota electoral de Chávez, y la proximidad de la “victoria” del inmaduro Capriles, bien glosadas por Vargas Llosa, en espacio de privilegio y titulares a toda plana sobre la pavorosa inseguridad ciudadana en Venezuela, ignorando medidas chavistas como la prohibición total de la tenencia y porte de armas, y el cierre de todas las armerías del país, inéditas en el sur y, por supuesto, en el norte del continente.

La verdad es que el diario de Prisa ha declarado la guerra a todos los países latinoamericanos cuya tendencia va contra el neoliberalismo económico que marcó el llamado “consenso de Washington”, orientación que se ha generalizado en toda el área andina, si exceptuamos a Colombia, en Argentina y parcialmente en Brasil.

Las formas de Hugo Chávez –a menudo toscas y más propias de un sargento chusquero que de un militar de alta graduación que estudió ciencias políticas durante su cautiverio– no pueden ocultar, como lo trata de hacer El País (Itálica famosa en la transición española y hoy mustio collado en manos de un fondo especulativo de Nueva York), que Venezuela es el país con menos desigualdad social de América Latina (según el índice Gini), ni que bajo Chávez se han reducido el desempleo, la pobreza y la pobreza extrema prácticamente a la mitad.

Por eso era inevitable la elección del presidente para un cuarto periodo. Por cierto, con una participación del 81%, sin precedentes en América y más propia de las democracias del norte de Europa. Ahora le toca consolidar su proyecto político, todavía un tanto deslavazado, para cuya dirección Nicolás Maduro puede ser un buen sucesor. Y acabar con la corrupción y cierta ingobernabilidad, hacia donde se han dirigido las primeras medidas tras las elecciones, a despecho de los “analistas” de El País que anunciaban como primeras decisiones “la consolidación del control estatal de la economía”.

Entre estos analistas, el más importante de la casa, con columnas reproducidas en algunos de los más importantes medios de todo el mundo, es Moisés Naím, economista al servicio de los think-tanks más conservadores de Estados Unidos, que llegó en algunas de sus columnas a aconsejar a Romney que tomara ejemplo de Capriles. Sus lectores contarían con mejores elementos de criterio si supieran que el tal Naím fue ministro de Comercio e Industria del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, con la misión de aplicar al pie de la letra las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y que durante su mandato tuvo lugar, en los días 27 y 28 de febrero de 1989, el célebre “Caracazo”: la brutal represión llevada a cabo por el Ejército, la Policía y la Guardia Nacional contra las protestas populares en Guarenas y Caracas.

Moisés Naím criticaba con dureza estos días a Chávez por haber alcanzado una cifra de inflación de dos dígitos. Lo que no señalaba es que durante su gestión como ministro del área económica de Carlos Andrés Pérez la inflación llegó al 81% . Eso consta en las estadísticas oficiales. Lo que no consta aún es el número de muertos que dejó la represión del “Caracazo”; se habla de más de 3.000 masacrados, mientras se reivindica su consideración de “crimen de lesa humanidad”: que no “caduque” hasta que sea investigado hasta sus últimas consecuencias y castigados sus responsables.

Harían bien el analista Moisés Naím y sus cuates en el Gobierno de Carlos Andrés Perez, aprovechando el tiempo libre que les deje la propaganda de las fracasadas recetas neoliberales, en dedicarse a preparar su defensa ante la Corte Penal Internacional.

publico.es