By Maria Vasquez-Aguilar

“I arrived, along with my familiy, from Chile as political exiles in 1978. We fled Pinochet’s facist dictatorship, and were greeted in the UK by a Labour party which still felt like Labour, trade unionists who still had a movement to be proud of, and ordinary working class folk who still had the self-belief to open their arms out to ‘foreigners’.

When Thatcher came into power in 1979, one of the first things she did was cut the Chilean refugee programme; who had helped thousands of Chileans to escape one of the most brutal dictatorships of the 20th century.

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Her belief in ‘no society’ pit working people against working people and slowly and surely we were seen as a threat (to homes, to jobs, to a ‘way’ of life) and no longer as fellow human beings needing sanctuary. I felt the racism grow in the council estate we were placed in, and I remember distinctively losing the very few friends I had there in 1982 when the Falklands war was declared. It didnt matter that I wasn’t Argentinian, nor that Pinochet actually provided assistance to the Thatcher government during the war – at the age of 7 these are just details lost in a sea of racism and xenophbia, and blind patriotism.
I watched as the mining town we lived in was destroyed as the unions were dismantled, and the pride and sense of community which ran through the streets was replaced by fear, distrust, anger. Many people I knew lost jobs for a whole generation. And whereas in Chile trade unionists were simply killed, in the UK they had their soul ripped out.

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I saw everything that the UK had given us, the free adult education classes where my parents and their compatriots had learned English, the school coats we received from the ‘Eddy office’, the low priced electricity, the cheap transport, the good quality homes be taken away one by one. Thatcher did not only get rid of milk, she got rid of people’s ability to live in dignity.

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We got involved, we campaigned and organised, many Chileans (my family included) became active in the struggle here – the campaigns against the cuts/unfair taxes, the defense of the unions, the GLC, the anti-war/weapons movement, the militarisation of Northern Ireland. Because we recognised it, we had seen this before, we knew what it was to have an ideologue in charge who was determined to push through their set of ideals, at all costs. It is no surprise that Thatcher and Pinochet became very good friends, and indeed when Pinochet was arrested in the UK in 1998 for crimes against humanity it is she who visited him.

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When many years later as an adult, I worked with asylum seekers and refugees, I saw that the Britain we had arrived in back in 1978 was no longer the Britain they saw. The steel works shop steward who had greeted us off the bus gone, the social worker who helped us settle in vanished, the ordinary people who opened up their lives to us disappeared – all replaced by a sense of individualism and fear, and a climate of blame on anyone more vulnerable than ourselves.
That was Thatcher’s legacy to me.

Link: Life under Thatcher

Por Salim Lamrani 19 Mar 2013…….. Capriles encabeza los hechos vandálicos contra la Embajada de Cuba, durante Golpe de Estado contra Chávez. ¿Quién es realmente el candidato que enfrentará a Nicolás Maduro en la elección del 14 de abril del 2013?

Conozca más detalles de la trayectoria de Henrique Capriles Radonsky, gobernador de Miranda y candidato a las elecciones presidenciales venezolanas del próximo mes.

1. Nacido en 1972, Henrique Capriles Radonsky procede de dos de las más poderosas familias venezolanas, las cuales se encuentran a la cabeza de varios conglomerados industriales, inmobiliarios y mediáticos (Capriles) y poseen el Circuito Nacional de Exhibiciones (Cinex), segunda cadena de cines del país (Radonsky).

2. Su familia es propietaria del diario Últimas Noticias, de mayor difusión nacional, cadenas de radios y un canal de televisión.

3. En los años 80, militó en el partido de extrema derecha Tradición, Familia y Propiedad.

4. Capriles fue elegido diputado en 1999 por el Estado de Zulia por el partido de derecha COPEI. Contra todo pronóstico y a pesar de su inexperiencia política, fue nombrado inmediatamente presidente de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en el más joven diputado en dirigir la Cámara baja del Parlamento.

5. En realidad, logró imponerse a los otros aspirantes con mayor trayectoria política gracias al poder económico y financiero de su familia que financió las campañas de muchos diputados.

6. En 2000, fundó el partido político Primero Justicia con el conservador Leopoldo López y se alió con el International Republican Institute, rama internacional del Partido Republicano estadounidense. El presidente de la época era George W. Bush, el cual brindó un amplio apoyo a la nueva formación política que se oponía a Hugo Chávez, particularmente mediante el National Endowment for Democracy.

7. Según el New York Times, “La National Endowment for Democracy se creó hace 15 años para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) durante décadas. Gasta 30 millones de dólares al año para apoyar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países”.

8. Según Allen Weistein, padre de la legislación donde se establecía la NED, “mucho de lo que hacemos hoy ya lo hacía la CIA de manera encubierta hace 25 años”.

9. Carl Gershman, primer presidente de la NED, explicó la razón de ser de la Fundación en junio de 1986: “Sería terrible para los grupos democráticos del mundo entero ser vistos como subvencionados por la CIA. Vimos eso en los años 60 y por eso pusimos término a ello. Es porque no pudimos seguir haciéndolo que se creó [la NED]”.

10. Durante su mandato de alcalde de la municipalidad de Baruta, Capriles firmó varios acuerdos con el FBI estadounidense para formar a su policía municipal, y recibió fondos de la embajada de Estados Unidos para esa misión.

11. Henrique Capriles participó activamente en el golpe de Estado contra Hugo Chávez organizado por Estados Unidos en abril de 2002. Alcalde de Baruto, procedió al arresto de numerosos partidarios del orden constitucional, entre ellos Ramón Rodríguez Chacín, entonces Ministro de Interior y Justicia, el cual fue violentamente agredido por los partidarios del golpe frente a las cámaras de televisión.

12. Al respecto, las palabras de Rodríguez Chacín son esclarecedoras: “Les hice ver [a Henrique Capriles y Leopoldo López, quienes llegaron para arrestarlo] el riesgo, el peligro que había para mi integridad física [de salir frente a la multitud], que la situación se iba a escapar de sus manos, sugerí salir por otro lugar, el sótano y la respuesta que recibí de Capriles, precisamente, fue que no, porque las cámaras estaban al frente del edificio. Ellos querían sacarme en frente de las cámaras, para exhibirme, no sé, supongo; para vanagloriarse ellos, a pesar del riesgo”.

13. Unos días antes del golpe de Estado, Capriles apareció ante las cámaras de televisión con los dirigentes de su partido político Primero Justicia para reclamar la renuncia de Hugo Chávez, de los diputados de la Asamblea Nacional, del Fiscal de la República, del Defensor del Pueblo y del Tribunal Supremo de Justicia. Tras el golpe del 11 de abril, la primera decisión de la junta golpista fue precisamente disolver todos estos órganos de la República.

14. En abril de 2002, Primero Justicia fue el único partido político en aceptar la disolución por la fuerza de la Asamblea Nacional que ordenó la junta golpista de Pedro Carmona Estanga.

15. Durante el golpe de Estado de abril de 2002, Capriles también participó en el asedio a la embajada cubana de Caracas, que organizaron la oposición venezolana y la extrema derecha cubanoamericana. Estaba presente Henry López Sisco, cómplice del terrorista cubano Luis Posada Carriles, responsable de más de un centenar de asesinatos, entre ellos el atentado contra el avión de Cubana de Aviación el 6 de octubre de 2006 que costó la vida a 73 pasajeros.

16. Tras cortar el agua y la electricidad, Capriles, quien pensaba que el vicepresidente de la época Diosdado Cabello, se había refugiado en la entidad diplomática, entró y exigió del embajador revisar el lugar, violando así el Artículo 22 de la Convención de Viena, que estipula que las representaciones diplomáticas son inviolables.

17. Germán Sánchez Otero, entonces embajador cubano en Venezuela, le respondió lo siguiente: “Si usted conoce el derecho internacional debe saber que tanto Venezuela como Cuba tienen derecho a que un ciudadano sea evaluado para recibir asilo político en cualquier sede diplomática. Un demócrata, un humanista, no puede admitir que haya niños sin agua, sin electricidad y sin comida”.

18. Al salir de la embajada, Capriles, lejos de calmar la multitud alterada, declaró a la prensa que no había podido revisar la representación diplomática y que estaba en la imposibilidad de confirmar o no la presencia de Cabello, lo que suscitó nuevas tensiones.

19. Por su participación en el golpe de Estado, Capriles fue enjuiciado y encarcelado de modo preventivo por sustraerse a la justicia.

20. El fiscal de la República, Danilo Anderson, encargado del caso Capriles fue asesinado en noviembre de 2004 en un atentado con coche bomba.

21. En 2006, los tribunales absolvieron a Capriles.

22. En 2008, se abrió un nuevo juicio penal que todavía está en curso.

23. Tras su elección en 2008 como gobernador del Estado de Miranda, Capriles expulsó de las instalaciones de la región a los funcionarios encargados de los programas sociales que elaboró el gobierno de Chávez.

24. En su programa electoral, Capriles promete luchar contra la delincuencia. No obstante, desde su llegada al poder en Miranda, la inseguridad se incrementó haciendo del Estado uno de los tres más peligrosos de Venezuela. Entre 2011 y 2012, la tasa de homicidios aumentó más de un 15%.

25. A pesar de este balance, Capriles, reelegido en 2012, todavía se niega a aceptar la implantación de la Policía Nacional Bolivariana en el territorio que dirige.

26. Entre 2008 y 2012, Capriles despidió a más de mil funcionarios en el Estado de Miranda –que trabajaban en el sector cultural– por considerarlos sospechosos de ser partidarios del antiguo gobernador chavista Diosdado Cabello, y procedió al cierre de decenas de bibliotecas.

27. En 2012, Capriles se reunió secretamente en Colombia con el general Martin Demsey, Jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. No se filtró nada de esas conversaciones.

28. Capriles no deja de reclamarse del antiguo presidente brasileño Lula da Silva. No obstante, éste brindó varias veces su apoyo a Hugo Chávez, particularmente en las últimas elecciones de octubre de 2012. “Tu triunfo será nuestro”, declaró en un mensaje al Presidente Chávez.

29. Candidato a la elección presidencial de 2012, en nombre de la Mesa Unidad Democrática que agrupó los partidos de oposición, Capriles perdió el escrutinio con más de diez puntos de diferencia.

30. En caso de victoria en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, Capriles prometió la amnistía para Pedro Carmona Estanga, antiguo presidente de Fedecámaras que encabezó la junta militar durante el golpe de Estado, actualmente prófugo de la justicia y refugiado en Colombia.

31. El programa presidencial de Capriles es de esencia neoliberal y preconiza una aceleración de las privatizaciones en una economía controlada en más del 70% por el sector privado, una autonomía y una descentralización.

32. En caso de victoria de Capriles, la empresa petrolera nacional Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), no se encontrará bajo control político.

33. El programa de Capriles prevé la suspensión de la ayuda financiera que otorga PDVSA al Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), el cual financia las infraestructuras y los programas sociales.

34. Capriles impondrá un aumento del precio de la gasolina que se consume en el mercado nacional.

35. Se cancelarán las reformas agrarias que realizó el gobierno de Chávez y se restituirán las tierras a los latifundistas.

36. La Ley de Pesca, de la cual se beneficiaron decenas de miles de trabajadores del mar, también se abrogará.

37. Capriles autorizará en Venezuela el cultivo de organismos genéticamente modificados.

38. Capriles propone “incorporar en el sistema educativo básico y medio, temas demostrativos sobre la conexión entre propiedad, progreso económico, libertad política y desarrollo social”.

39. Capriles prevé otorgar independencia total al Banco Central de Venezuela, con el fin de evitar todo control democrático sobre las políticas financieras y monetarias, y le prohibirá “financiar el gasto público”.

40. Capriles anunció que pondría fin a la relación especial con Cuba, lo que afectará los programas sociales en los campos de la salud, la educación, el deporte y la cultura.

41. Capriles pondrá término a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), organismo de integración regional.

42. Capriles suprimirá el programa Petrocaribe que permite actualmente a 18 países de América Latina y el Caribe, o sea 90 millones de personas, conseguir petróleo subvencionado y asegurar su abastecimiento energético.

43. Capriles prevé firmar tratados de libre cambio (TLC), particularmente con Estados Unidos y la Unión Europea.

44. Capriles prevé volver a otorgar la concesión hertziana al canal RCTV, que emite ahora vía cable y satélite, a pesar de su participación abierta en el golpe de Estado de abril de 2002.

45. Capriles prohibirá todos los programas políticos en el canal nacional Venezolana de Televisión, dejando así el monopolio del debate ciudadano a los canales privados.

46. Capriles prevé “supervisar y controlar la proliferación de emisoras de radio […] y regular el crecimiento de las emisoras de radio comunitarias”.

47. El Programa de la MUD prevé reducir sustancialmente el número de funcionarios.

48. Capriles eliminará el FONDEN, fondo especial destinado a financiar los programas sociales.

49. Capriles pondrá término a la regulación de precios que permite a toda la población adquirir los productos de primera necesidad.

50. Capriles acusa al gobierno venezolano y a la familia de Hugo Chávez de haber ocultado la muerte del Presidente. Para él, su fallecimiento ocurrió antes del 5 de marzo.

A group of about 30 activists gathered Wednesday in front of the Ministry of National Property to protest plans by the Chilean government to auction a human rights centre in Punta Arenas.

The building, formerly used for torture and interrogation under the Pinochet dictatorship, is now an important community space and city landmark occupied by the Union of Human Rights Community Groups.

Since January 2012 the Chilean government has been trying to sell the Human Rights House, claiming the community organization does not have the financial resources to renovate the house and use it properly.

Some protesters claimed that secret plans exist to replace the house with a shopping mall.

For people like Francisco Olarcón,  [former political prisoner and head of the Union of Human Rights Community Groups]  this is a terrifying prospect. The president of the Union of Human Rights Community Groups, himself a former political prisoner, is concerned that part of Chilean history will be forgotten.

“On the morning of Sept. 11, 1973 I was taken into custody and then afterwards shipped to Dawson Island  alongside 70 other detainees. Then I was brought back to Punta Arenas and tortured and interrogated during the shipping and the flight,” Olarcón said.

The Ministry of National Property announced yesterday that the auction process will be temporarily suspended. A future evaluation will decide what happens next to the human rights center.

Link to  Haluka Maier-Borst’s  full article: santiagotimes

El derrocamiento del presidente Salvador Allende y la cruel represión que duró casi veinte años, constituyen la tragedia más dolorosa de la historia de Chile, junto con la guerra civil de 1891 también alentada por capitales extranjeros. Nuestro país recibió de EE.UU. el trato que los imperios suelen dispensar a sus colonias. Las autoridades nacionales fueron manipuladas mediante soborno y corrupción. Dirigentes políticos, parlamentarios, jueces, generales, sacerdotes y medios de comunicación fueron comprados para desempeñar distintos roles en la conspiración.

Esta se inició en octubre de 1970, con el asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército. Se intentaba impedir a toda costa que Allende asumiera el gobierno con un programa de profundos cambios, que se iniciaban con la nacionalización del cobre. Agentes de la antipatria -entre los que destacaba el propietario de El Mercurio, Agustín Edwards, que partió a Washing-ton a pedir la intervención norteamericana-, tomaron parte en una operación para instaurar un nuevo proyecto histórico destinado a refundar el capitalismo en nuestro país, que era la primera experiencia de tránsito pacífico al socialismo.

La gran traición de 1973 fue un golpe artero no sólo a las esperanzas del pueblo chileno sino también a las espectativas que nuestra experiencia había creado en los trabajadores del mundo. El modelo que en 1973 se impuso a sangre y fuego en Chile, constituyó una contrarrevolución en toda la extensión de la palabra. La pieza clave del plan que condujo al golpe de Estado y a la eliminación física de la Izquierda, consistió en hacer creíble que Salvador Allende, un estadista de linaje laico y democrático, pretendía instaurar una “dictadura comunista”. Sobre esa mentira se levantó el andamiaje de la conspiración.

Los mayordomos criollos del golpismo, sobre todo los dirigentes democratacristianos e incluso derechistas que habían convivido con Allende en el Parlamento, sabían que éste jamás habría dado un paso que condujera a una dictadura. Allende, sin ninguna duda, fue el más auténtico demócrata que ha gobernado el país. Su formación ideológica y su experiencia política lo ubicaban en el sector avanzado -pero a la vez más respetuoso de las formas y procedimientos de la democracia burguesa- de los dirigentes reformistas de su época. Esto lo llevó a tomar distancia de políticos como Víctor Raúl Haya de la Torre, en Perú, Rómulo Betancourt, en Venezuela, José Figueres, en Costa Rica, Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico, etc., los cuales partiendo de posiciones progresistas, y hasta revolucionarias, describieron una parábola ideológica que los llevó finalmente a servir al imperialismo y las oligarquías.

Al artículo completo en:  PuntoFinal

Relacionado : Chile40YearsOn

Desde estas páginas enviamos un inmenso y fraternal abrazo al Flaco Lucho quien compartió parte de su exilio con nosotros en Sheffield antes de su ingreso clandestino a Chile a luchar contra la dictadura.

ChileSCDA

Punto Final 18.03.2004…. El asesinato de Paulina Aguirre por agentes de la CNI. Por fin la verdad

Este mes, al cumplirse 19 años del asesinato de Paulina Alejandra Aguirre Tobar, se espera conocer la sentencia contra los miembros de la CNI que le dieron muerte a balazos en una emboscada disfrazada de enfrentamiento. La joven militante del MIR acababa de cumplir 20 años, en diciembre de 1984. El homicidio ocurrió poco antes de la medianoche del 29 de marzo de 1985, en el sector El Arrayán: la misma noche en que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo fueron asesinados en Villa Francia. En sólo unas horas, la siniestra mano de la dictadura cercenó la vida y los sueños de tres jóvenes.

Por el homicidio calificado de Paulina Aguirre están procesados y acusados como autores Alvaro Corbalán Castilla, mayor de ejército y jefe operativo de la CNI quien, en esa época, estaba al mando del cuartel Borgoño; Krantz Johans Bauer Donoso, teniente coronel de ejército en retiro, que entonces dirigía la Brigada Azul de la CNI bajo el mando de Corbalán, actualmente también procesado por los asesinatos de la Operación Albania y del periodista José Carrasco; Miguel Angel Soto Duarte, mayor de Carabineros en retiro, alias “El Paco Aravena”; Alejandro Astudillo Adonis, oficial de la Fach; y Jorge Claudio Andrade Gómez, teniente coronel de ejército en retiro, subcomandante del cuartel Borgoño. Fue Soto Duarte quien disparó las balas que provocaron la muerte inmediata de Paulina. Cuando ya había caído, Astudillo Adonis y Andrade Gómez le continuaron disparando. Corbalán y Bauer dieron las órdenes, siguieron paso a paso el “operativo” y se encargaron del montaje para simular un enfrentamiento.

Los procesamientos de estos cinco criminales fueron revisados y confirmados unánimamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. Dos de ellos reconocieron haber participado en el “operativo” por orden de Alvaro Corbalán. Esta fue una de las “proezas” de la Brigada Azul de la CNI, encargada de reprimir al MIR y responsable de numerosos crímenes. Esta brigada la dirigía en esa época Krantz Bauer, bajo el mando general de Alvaro Corbalán. Durante el proceso fueron interrogados alrededor de veinte ex agentes que formaban parte de esa brigada, tres de los cuales permanecían en servicio activo en el ejército en el año 2002.

Actualmente la investigación está cerrada, el caso fue aclarado y el proceso cuenta con dos confesiones de los autores, decisivas para impedir cualquier subterfugio en busca de impunidad. Antes de fines de marzo, el ministro de fuero Jorge Zepeda debería dictar sentencia de primera instancia.

MILITANTE PRECOZ

Paulina Aguirre pidió ingresar al MIR a los 15 años. A esa edad ya había comprendido de sobra lo que era vivir en dictadura. Vio a su padre, Luis Aguirre Smith, terriblemente torturado en Calama y después tras las rejas de la Penitenciaría de Santiago. Su tío Pedro, trabajador de Chuquicamata, estuvo recluido en la cárcel de Copiapó y su tío Carlos Acuña Alvarez fue fusilado en Antofagasta. “Ella quiso luchar contra los crímenes cometidos por la dictadura. Esperaba crear una sociedad más humana, justa e igualitaria -recuerda hoy su padre-. Paulina era una bella niña que continuaba asistiendo al Liceo Valentín Letelier en cursos vespertinos. Dibujaba y tocaba la guitarra con sus compañeros y amigos. Y escribía, sin olvidar jamás su compromiso político”. A su padre le dejó versos como éstos:

Cuando el dolor,

la sangre, el odio y la muerte

son necesarios,

miles de manos se tienden

para tomar las armas.

Acuérdense ustedes de mí

Siempre.

La joven militante, cuyo nombre político era “Luisa”, trabajó cinco años en la clandestinidad. Sus padres estaban separados y vivían en el exilio. Luis Aguirre en Francia y su madre, María Eugenia Tobar Andrade, en Suecia. Es poco lo que se sabe de los últimos años de Paulina en Chile. Sí se han podido reconstituir, a grandes rasgos, sus pasos previos al asesinato.

UNA GRIETA EN EL MURO

A comienzos de 1985, Paulina Aguirre arrendó una cabaña de madera en el interior de una parcela, en calle Pastor Fernández 16.100, en la comuna de Lo Barnechea. Según el testimonio de un testigo, la misma vivienda había sido alquilada anteriormente por una mujer de unos 30 años, que dijo ser fotógrafa y a quien visitaba un hombre de la misma edad. En las noches, los vecinos sentían que martillaban, como si estuvieran realizando un trabajo de carpintería. La mujer abandonó la cabaña intempestivamente, al día siguiente de un robo en una casa vecina que motivó la presencia de personal de Investigaciones.

En los primeros días de marzo, la zona central del país fue estremecida por un terremoto y una profunda grieta resquebrajó la única pared de cemento de la cabaña donde vivía Paulina. La dueña -María Victoria Esquivel, hoy fallecida-, quien residía en el mismo recinto, le pidió que se mudara a una pieza de su casa mientras reparaban la cabaña. Pero ella optó por trasladarse transitoriamente a casa de su abuela, en la Villa Cumbres Andinas de la comuna de Macul, donde vivían su hermano, una tía y una prima.

El 27 de marzo, los maestros que efectuaban reparaciones en la cabaña debieron derribar la pared dañada y en el interior de un tabique de madera descubrieron paquetes de municiones. Alertaron a la propietaria y ésta dio aviso al Ministerio de Defensa. Al lugar llegó un equipo de la CNI, que posteriormente anunció a la prensa el hallazgo de armas, municiones y amongelatina. Dentro y fuera de la vivienda quedó una guardia permanente de la CNI esperando el regreso de Paulina.

El contratista a cargo de los trabajos, Luis Valenzuela Pérez, declaró durante el proceso que vio al agente de la CNI a cargo del equipo mostrarle una serie de fotos a la dueña de la parcela y que ésta reconoció en una de ellas a la joven arrendataria de la cabaña, como también a otra mujer que le había servido de aval al momento de concertar el alquiler. Valenzuela señala, además, que les afectó cuando supieron de la muerte de la muchacha “debido a que sentíamos que por nuestro trabajo había resultado muerta esta joven” y que la dueña de la propiedad estaba molesta “ya que estimaba que la cantidad de personas que se encontraba oculta al interior de la parcela y en los alrededores, podría haber actuado en forma diferente, deteniendo a la joven sin matarla”.

Según la versión “oficial” entregada por la CNI, Paulina regresó el 29 de marzo, a las 23.15 horas. La parcela estaba plagada de esbirros de la CNI, ocultos entre los árboles. Cuando la joven abrió la puerta del antejardín, le habrían ordenado que se detuviera e identificara. Entonces, ella habría sacado un arma de su bolso con la que supuestamente disparó a los agentes.

Al repeler el ataque, éstos la habrían herido mortalmente. El informe de autopsia registra ocho entradas de bala, dos de las cuales le atravesaron la cabeza. La muerte fue instantánea.

La investigación realizada durante el actual proceso reveló que Paulina estaba siendo seguida con anterioridad, que iba desarmada y que la asesinaron a sangre fría. Una vez cometido el crimen, llegaron al lugar Alvaro Corbalán y Kranz Bauer -ambos procesados por la Operación Albania y el primero condenado a prisión perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría Mundaca-, para supervisar el resultado de la “operación”, alterar el sitio del suceso y hacer la denuncia del “enfrentamiento”. Esa fue la información que se dio a conocer a la población chilena a través de la prensa.

EN BUSCA DE LA VERDAD

Como ocurrió con muchos otros casos, por el homicidio de Paulina Aguirre se inició un proceso en la justicia militar que quedó en nada. El Segundo Juzgado Militar de Santiago no se orientó a indagar sobre la muerte de la joven militante del MIR, sino a investigar los delitos de tenencia ilegal de armas y conducta terrorista. Poco después, el caso fue sobreseído debido a que la autora de esos delitos había muerto en un enfrentamiento. Eso fue todo.

Vínculo al artículo completo en Punto Final

Después de una lucha de años, contra viento y marea, los familiares de las víctimas de las brutalidades del exgeneral Efraín Ríos Montt podrán ver este martes en el banquillo, juzgado por crímenes contra la humanidad, al hombre que marcó la segunda mitad del siglo XX en Guatemala.

Tiene 86 años. Sin descartar aún que los abogados logren un nuevo aplazamiento con alguna treta legal, el juicio enfrentará a Guatemala con el espanto de la guerra contra los movimientos izquierdistas en los años 80. Lo que comienza este martes, 19 de marzo, es un relato, por fin en sede judicial, de los traumas que aún sangran en el país centroamericano.

El 23 de marzo de 1982, un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, cansados de la corrupción imperante en la cúpula militar que detentaba el poder y cuya brutalidad había dejado al país aislado del contexto internacional, depuso al sanguinario general Romeo Lucas García y elevó al poder a un general retirado de 55 años llamado Efraín Ríos Montt.

Sin que los “jóvenes oficiales”, en su mayoría tenientes y capitanes, lo sospecharan, su decisión de aupar a Ríos Montt abría un capítulo de la historia de Guatemala que estaría marcado por la errática personalidad del viejo general. Fue jefe del Estado durante 16 meses. Pero su protagonismo político en el pequeño país centroamericano ha durado tres décadas, hasta que el 14 de enero de 2012, entregó su acta de diputado y se retiró de la vida política.

El breve mandato de Ríos pasará a la historia como un periodo de represión indiscriminada contra la población civil que “servía de sustento” a la subversión izquierdista. La doctrina de la tierra arrasada, versión del “quitarle el agua al pez” que los franceses aplicaron en Argelia y los norteamericanos perfeccionaron en Vietnam, se convirtió en el primer mandamiento de los Ejércitos latinoamericanos de los años setenta y ochenta. En Guatemala, oficiales argentinos formados en las academias francesas llegaron a ser asesores muy valorados.

Los informes citados por organizaciones humanitarias estiman que durante el mandato de Ríos Montt, unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus cuerpos sepultados en fosas comunes o dejados a merced de las aves de rapiña. La represión feroz obligó al campesinado a buscar refugio en campamentos mexicanos. Hubo más de 100.000 desplazados. El informe de la CEH documenta 448 aldeas literalmente borradas del mapa.

Enlace al artículo completo en elmundo

Mi teléfono no para de sonar, Fito me habló llorando.” Lo firma Graciela Yorio, la hermana del sacerdote Orlando Yorio, quien denunció a Bergoglio como el responsable de su secuestro y de las torturas que padeció durante cinco meses de 1976. El Fito que la llamó desconsolado es Adolfo Yorio, su hermano. Ambos dedicaron muchos años de su vida a continuar las denuncias de Orlando, un teólogo y sacerdote tercermundista que murió en 2000 soñando la pesadilla que ayer se hizo realidad. Tres años antes, su íncubo había sido designado arzobispo coadjutor de Buenos Aires, lo cual preanunciaba el resto.

Orlando Yorio no llegó a conocer la declaración de Bergoglio ante el Tribunal Oral Federal 5. Allí dijo que recién supo de la existencia de chicos apropiados después de terminada la dictadura. Pero el Tribunal Oral Federal 6, que juzgó el plan sistemático de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos, recibió documentos que indican que ya en 1979 Bergoglio estaba bien al tanto e intervino al menos en un caso a solicitud del superior general, Pedro Arrupe. Luego de escuchar el relato de los familiares de Elena de la Cuadra, secuestrada en 1977, cuando atravesaba el quinto mes de embarazo, Bergoglio les entregó una carta para el obispo auxiliar de La Plata, Mario Picchi, pidiéndole que intercediera ante el gobierno militar.

Picchi averiguó que Elena había dado a luz una nena, que fue regalada a otra familia. “La tiene un matrimonio bien y no hay vuelta atrás”, informó a la familia. Al declarar por escrito en la causa de la ESMA, por el secuestro de Yorio y del también jesuita Francisco Jalics, Bergoglio dijo que en el archivo episcopal no había documentos sobre los detenidos-desaparecidos. Pero quien lo sucedió, su actual presidente, José Arancedo, envió a la jueza Martina Forns copia del documento que publiqué aquí, sobre la reunión del dictador Videla con los obispos Raúl Primatesta, Juan Aramburu y Vicente Zazpe, en la que hablaron con extraordinaria franqueza sobre decir o no decir que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados, porque Videla quería proteger a quienes los mataron.

En su clásico libro Iglesia y dictadura, Emilio Mignone lo mencionó como paradigma de “pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas”. Bergoglio me contó que en una de sus primeras misas como arzobispo divisó a Mignone e intentó acercársele para darle explicaciones, pero que el presidente fundador del CELS alzó la mano indicándole que no avanzara.

Enlace al artículo completo pagina/12

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¿Facho Habemus? Un nuevo Wojtyla…

por Cristian Joel Sánchez*  / PiensaChile, 13/03/2013

Hace algunos minutos la transmisión directa desde el Vaticano mostró la parafernalia que raya en carnaval, en acto culmine del peor de los circos, que se monta cada cierto tiempo al elegir al nuevo mandamás de la Iglesia Católica. Como ocurre en el fútbol, muy de acorde con la nacionalidad del nuevo Papa, se conjeturó hasta último minuto sobre quién y sobre cuál sería la tendencia del director técnico de la iglesia para los próximos años.

Respecto a la tendencia, muy pocos, quizás algunos ingenuos por ahí, dudaban que el ala más reaccionaria de la curia se alzaría otra vez con el poder. Las razones estaban claras: la historia de la iglesia, casi sin excepción a través de los siglos, ha sido siempre la historia de una lucha política caníbalesca y oscura entre fuerzas de claro tinte político, adobada con liturgias de cínica espiritualidad, de rostros hipócritamente angelicales, debajo de los cuales reptan los intereses directos e indirectos de una clase, la de los fariseos y los mercaderes, a los que la Iglesia ha supeditado su poder hegemónico de masas durante siglos.

Los pasajes más siniestros en la historia del poder eclesiástico de Roma, su papel gravitante en el apoyo de los poderosos en desmedro de las mayorías desposeídas, es algo de lo que pocas veces se habla con la sinceridad que amerita este fenómeno sociopolítico que significa y ha significado el catolicismo en el mundo. Es cierto, eso sí, que ha habido voces de valiente denuncia en todos los tiempos, muchos de los cuales pagaron con la tortura y la vida en los periodos más álgidos del poder de los obispos.

Cuando Dios duerme.

Uno de los ejemplos más recientes y sobre el cual algún día se conocerán los verdaderos entretelones, ha sido sin duda el papel relevante, metódicamente elaborado desde los centros de poder del imperialismo, jugado por la iglesia en socavar y posteriormente destruir el socialismo del siglo XX.

Hemos señalado en otros artículos que la caída del mundo socialista, gestado y concretado en esos años, fue responsabilidad principal de los profundos errores habidos al interior de las direcciones supuestamente revolucionarias que terminaron por corromper la ideología. Lo que el imperialismo hizo fue utilizar magistralmente esas debilidades para concretar su destrucción. Durante la década de los ochentas se planificó principalmente por parte de la CIA, un plan destinado a poner todo el énfasis en minar el punto más débil del sistema socialista de naciones y que serviría de detonante para iniciar en cadena el desmoronamiento de ese bloque.

Polonia, uno de los países con mayor presencia del catolicismo, donde repercutían también con gran fuerza los errores económicos y la degradación del poder socialista en perjuicio de una clase obrera altamente permeable, fue elegido para un trabajo de relojería donde la presencia de Walesa como dirigente de prestigio y  la elección de Karol Wojtyla, primer Papa no italiano en muchos siglos, constituyeron los dos pilares fundamentales de la estrategia exitosa que desembocó en el fin de los regímenes socialistas.

El señor Wojtyla se convirtió así no sólo en la herramienta principal del plan respecto de los países del este de Europa, sino que en el agente que recorrió el mundo ayudando a conjurar con una falsa espiritualidad los focos de rebeldía que brotaban en los continentes llamados del Tercer Mundo. Su posición ambigua y condescendiente frente a la dictadura de Pinochet, sus prédicas en contra de los movimientos rebeldes que en ese entonces se alzaban contra la oligarquía latinoamericana y, sobre todo , su contribución decisiva en aplastar la teología de la liberación que tenían a Brasil como el baluarte de la nueva iglesia por la que clamaba el pueblo católico, fue una manifestación del poder y la condición profundamente reaccionaria de una curia que se vuelve a demostrar hoy martes con la elección del obispo argentino Bergoglio como nuevo Papa.

Un nuevo Wojtyla en lontananza.

Este “Príncipe de la Iglesia” subido hoy a la categoría de monarca absoluto, tiene a su haber un pasado oscuro en donde se entremezclan sus connivencias con la dictadura militar de Argentina hasta sus ataques al proceso popular que hoy intenta llevar a cabo Cristina Fernández en la patria de Bergoglio y que iniciara el Presidente Néstor Kitchner. El nuevo Papa, que ha elegido el nombre de Francisco I, enfrenta procesos jurídicos por esos motivos en su patria, pero también en otros países, por ejemplo en Francia, donde se le requiere para que aclare sus vínculos con el secuestro, tortura y muerte de los sacerdote Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, asesinados en la base aérea de Chemical en Argentina, acusado también moralmente por su silencio cómplice en el secuestro de bebés de prisioneros políticos y entregados a los militares, como el caso de la nieta de Alicia de la Cuadra, una de las fundadoras de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Aunque hasta ahora no ha sido condenado y lo será menos con el blindaje de mandamás de la iglesia católica, existen múltiples evidencia que denuncian el papel de Bergoglio como aliado de la tiranía argentina que trascendió a toda América en aquellos años. Pero, en fin, cual más cual menos, muchos de los dirigentes de la alta curia latinoamericana tienen su historial y su responsabilidad de las cuales, de acuerdo a sus creencias, tendrán que responder ante su Dios ya que la justicia de los hombres se muestra muy benevolente con estos especímenes.

Lo que nos interesa argüir en este artículo, son las verdaderas razones de la elección de Bergoglio con el título de Papa, cargo que se ha usado de manera brutal en las últimas décadas contra la rebelión de los desposeídos en cualquier lugar del mundo. Se ha pretendido argumentar por los cómplices conscientes y por los ingenuotes de siempre, que la elección de don Francisco I se debería a la deuda de Roma con un continente donde el catolicismo representa más del 40% de los católicos del mundo. Astuta tesis que puede servir como eficaz anestésico ante las verdaderas razones de tan sorpresiva decisión.

Este argumento esgrimido desde Roma, tiene su esquina rota, como la primavera de Benedetti.  Si de verdad se buscaba congraciarse con los latinoamericanos, bien se pudo elegir un representante de la iglesia brasileña, el país más grande del continente y con mayor número de feligreses. Sin embargo, sobre la iglesia brasileña sigue flotando el humo apestoso para Roma de la Teología de la Liberación que bien pudiera tentar a un Papa a ponerse, como Jesús, al lado de los más débiles. En realidad lo que se busca, es un segundo Wojtyla para los nuevos tiempos y las nuevas tierras que ya no son Europa, sino la tierra latinoamericana donde se está incubando una peligrosa rebelión, el socialismo bolivariano que se extiende cada vez más por el continente.

Un Papa, incondicional de la CIA y de los conservadores de Roma, latinoamericano además, así como Wojtyla era polaco en la Europa socialista, y que, como un plus, es argentino, país donde el kitcherismo puede desembocar en un “desaguisado” revolucionario, venía una vez más, como anillo —papal en este caso— al dedo del imperialismo mundial.

Oremos, oremos, pero no nos turbemos.

Es un viejo adagio, pero no por eso menos refrescante. En los acontecimientos que estremecen a América Latina en los últimos tiempos, en especial en la patria de Bolívar y de Chávez, la iglesia católica —hablamos de los jerarcas que visten de púrpura— está jugando un papel profundamente reaccionario ante los nuevos rumbos que toma la rebelión de los desposeídos. El Presidente Hugo Chávez debió soportar durante su mandato, en especial cada vez que el pueblo fue convocado a las urnas, agresiones virulentas de parte del obispado venezolano que desde siempre se ha hecho eco de los ataques de la oligarquía criolla y de los que provienen de Washington.

Se han encontrado, eso sí, con un difícil escollo: el pueblo revolucionario y sus dirigentes son, en su gran mayoría, también creyentes. Han soportado no sólo el diluvio de mentiras y amenazas de la derecha reaccionaria sin flaquear en su confianza absoluta en que el proceso bolivariano conducirá a los desposeídos hacia una sociedad más justa y equitativa, sino que han soportado el ataque de quienes debieran ser los puntales de su religiosidad que los amenazan con las penas del infierno por apoyar el proceso liberador que se lleva a cabo. En ambos casos han salido hasta ahora victoriosos: no han mellado su confianza en la revolución y no han cejado en su fe religiosa que, en esencia, es también revolucionaria.

Se viene, sin embargo, una vigorosa embestida que apuntará, como en Polonia, a empujar al pueblo latinoamericano a una falsa disyuntiva: elegir entre el canto fariseo de los que han puesto siempre la iglesia como un instrumento de los poderosos, y un proceso, el socialismo, que apunta a destruir el poder económico explotador de las oligarquías continentales.

Por eso, queridos feligreses, creyentes de todos los rangos y edades, hijos todos del Señor, desde hoy les decimos con el alma contrita de oscuros presentimientos: cuando esa arremetida se desate, habrá que resistir en ambos frentes… y que Dios nos pille confesados. Así sea.

*) Cristian Joel Sánchez, escritor chileno

The Editors

Yet today’s article by Jon Kelly, ‘Hugo Chavez and the era of anti-American bogeymen’, takes a particularly spiteful slant on the issue of what is presented as ‘Anti-Americanism’ in Chavez’s stance toward US foreign policy.

The premise of Kelly’s analysis is that Hugo Chavez is simply the latest in a long list of ‘bogeymen’, identified by ‘anti-American’ sentiment. To illustrate the ideological company that Kelly suggests Chavez kept, his image appears on the same panel as murderous despots and terrorists such as Saddam Hussein, Muammar Gaddafi and Osama bin Laden. This may have been normal practice for news organisations such as Fox News, but for the BBC it must be noted that this is a move particularly devoid of integrity, perhaps a new low.

Kelly writes that Chavez was by turns ‘portrayed as a six-times elected champion of the people or a constitution-fiddling demagogue’, implying that the polarisation of commentary concerning Chavez’s presidency makes it difficult to perceive where the truth lies. Perhaps if Kelly had indulged in the journalistic habit of presenting the bare facts, it might help to dispel such confusion. It is factually accurate to acknowledge that Hugo Chavez was democratically elected six times, also that his base of support was amongst the poor, the vast majority of Venezuelans. The ambiguous claim of ‘constitution-fiddling’ is in line with the speculative approach the BBC has consistently leaned towards in reporting on Venezuelan politics, relying on the hyperbole of the opposition, yet lacking in facts (in a similar vein, the link to the BBC video on Hugo Chavez’s life on the BBC website has been updated and is now titled ‘Life of people’s hero and villain’).

In discussing US-Venezuelan relations, Kelly does not mention probably the most seminal event of the last fourteen years: the US-backed coup in 2002. As an interesting aside, straight after the death of Hugo Chavez, in the BBC ‘look back’ at his life, the coup was also omitted by James Robbins, who instead described events as ‘a general strike’ when ‘Chavez was briefly pushed from office’.

Kelly creates a ‘spectrum’ of ‘bogeymen’ with ‘anti-American’ tendencies: socialism to secular Arab nationalism to Islamic fundamentalism. The article ties together the homogenously applied label ‘anti-American’ and the term ‘bogeymen’ to somehow equate the two: if you don’t like the behaviour of the US this mode of reasoning renders you no less than a bogeyman, an object of fear and a threat. Kelly comments that where Hugo Chavez belonged on this spectrum was hotly debated. He presents as indisputable the claim that Chavez should be viewed as a ‘bogeyman’; it is only where he sits in relation to other bogeymen that is up for debate.

The article notes that Chavez ‘floridly lambasted “imperial” American policies’, the word ‘imperial’ placed in double quotes, and the notion that the most powerful country in the world with 900 military bases in 130 countries might have imperialist tendencies portrayed as ludicrous. In fact, the BBC never refer to US imperialism without quotation marks; imperialism is a word for history books it seems, today’s western militaries simply invade countries for the greater good. Those who think the US is an imperial power are simply ‘anti-American’ goes the gist of this article.

Anti-American

The term anti-American is one applied to negate critical positions on the policies of the US. Noam Chomsky has commented on the term ‘anti-American’ that it ‘is an interesting expression, because the accusation of being anti-nation is used typically in totalitarian societies, for example, the former Soviet Union accused dissidents of being anti-Soviet. But try “anti-Italian” or “anti-Belgian,” people in Milan or Brussels would laugh’.

By this tendency to apply one label to a range of political viewpoints, Hugo Chavez joins the ranks of the ‘most prominent critics’ of US power have recently ‘exited the spotlight’. The implication here is clear: Osama bin Laden, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, and Kim Jong-il have been prominent critics of the US, and if anyone happens to disagree with the US, they are in the same boat. All who do not ‘agree’ with the United States, including disagreement with any and all elements of US foreign policy, are designated to one ideological grouping. Naomi Klein discusses how this approach was taken by critics of anti-corporate protesters following September 11, 2001, who ‘attempt to make ideological links between anti-corporate protesters and religious fundamentalists like bin Laden, as British secretary of State for international development Clare Short did in November 2001. “Since September 11, we haven’t heard from the protesters,” she observed. “I’m sure they are reflecting on what their demands were because their demands turned out to be very similar to those of Bin Laden’s network.”’

The attempt to place a range of political positions in one or another camp (‘us’ or ‘theirs’) works to deter dissent. ‘To engage in dissent in this climate [following September 11] was unpatriotic’, as Klein writes. ‘The new battle lines have been drawn, crude as they are: to criticize the U.S. government is to be on the side of the terrorists, to stand in the way of market-driven globalization is to further the terrorists’ evil goals’.

This is precisely the position propagated by the Bush administration at the launch of the ‘war on terror’, ‘the binarism that Bush proposes’, as Judith Butler described, ‘in which only two positions are possible – “Either you’re with us or you’re with the terrorists”’. Liberally applying the label ‘anti-American bogeyman’ on the basis of a divergence of position with US policy, as Kelly does, is consistent with this position of binarism.

The BBC claims to take an impartial stance on international issues, yet this article propagates a worldview in black and white terms. In this presentation of political positions as a choice between only two options, that of the US and the political ideology of free market are presented or that of the despotic and terroristic bogeyman.

It is important that the events which have taken place in Venezuela, and throughout Latin America, over the past decade, the development of peaceful, democratic alternatives to the policies of neoliberalism, are not airbrushed from the historical record. The standards of living have improved for millions of people following a process that has had popular, democratic support, yet the international perception of the changes in Venezuela are at risk of being written off as simply the actions of another ‘anti-American’ ‘bogeyman’ due to the media’s relentless negative treatment of the Venezuelan government.

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Alejandro Rebossio, Buenos Aires. ElPaís. 05.03.2013

Por primera vez, la justicia latinoamericana juzgará como conjunto a los responsables del Plan Cóndor, la cooperación entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, para perseguir y eliminar opositores en las décadas del 70 y 80.

Hasta ahora solo se habían sentenciado a los culpables de cuatro de los cientos de víctimas de esa operación.

Este martes comienza en Buenos Aires el juicio en el que se analizará la desaparición de 106 personas, la mayoría uruguayos (unos 48) pero también un peruano, chilenos, paraguayos, bolivianos y argentinos, entre los cuales figura la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García Irureta. Entre los 25 acusados figuran dos exdictadores argentinos, Jorge Videla (1976-1981) y Reynaldo Bignone (1982-1983), y solo un extranjero, el exmilitar uruguayo Manuel Cordero, imputado por el caso de García Irureta.

En cambio, el exautócrata peruano Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) zafó del juicio porque la Corte Suprema de su país negó la extradición, aunque pidió que se lo investigara fronteras adentro. En el proceso se conocerán detalles sobre la presunta colaboración de EE UU con la Operación Cóndor.

El juicio durará por lo menos dos años, según calculan los magistrados que integran el tribunal oral federal que se ha encargado del caso. Casi 500 testigos darán testimonio. La causa se había iniciado en los 90, cuando regían las amnistías en Argentina, porque los casos del Plan Cóndor habían quedado excluidos de ellas. En estos años fallecieron varios responsables de la operación, como los militares argentinos Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Antonio Bussi y el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), el paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989), los bolivianos Hugo Banzer (1971-1978) y presidente democrático entre 1997 y 2001) y Juan Pereda Asbún (1978), los brasileños Ernesto Geisel (1974-1979) y João Baptista Figueiredo (1979-1985) y los uruguayos José María Bordaberry (1973-1976) y Aparicio Méndez (1976-1981).

Videla llega al juicio con 87 años de edad, dos condenas a prisión perpetua y otra a 50 años, por otros crímenes de lesa humanidad de su régimen. Bignone, de 85 años, ya ha recibido penas a reclusión de por vida, a 25 años y a 15 años. En este nuevo proceso no serán juzgados otros exdictadores aún vivos que no ha sido imputados por los 106 casos analizados, como el uruguayo Gregorio Álvarez (1981-1985) y el boliviano Luis García Meza (1980-1981).

En otros países como en Chile y Uruguay también la justicia ha investigado a los responsables del Cóndor, pero en este último país toda indagación ha quedado paralizada en febrero pasado por una resolución de la Corte Suprema de ese país. Mientras tanto, en Brasil solo se indaga dentro de la Comisión de la Verdad que ha creado la presidenta Dilma Rousseff.

Los responsables de los asesinatos del general chileno Carlos Prats, fiel al Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), y su esposa en 1984 en Buenos Aires fueron condenados en su país y Argentina -menos Pinochet, que se libró en su momento del juicio por su avanzada edad-. En Argentina fue sentenciado el militar responsable de los homicidios de los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

En el juicio que comienza este martes se juzgará la desaparición de uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos y un peruano que se habían exiliado en Argentina después de los golpes de Estado que ocurrieron en sus países y antes de que ocurriera el encabezado por Videla. También se analizarán los secuestros de tres argentinos en Brasil. Por la Operación Cóndor, las dictaduras pedían a otras la captura y en algunos casos la eliminación o la extradición de los secuestrados, siempre fuera de los parámetros que establecía la ley. En ciertos casos, los militares de dos países participaron juntos de operativos y torturas. Todo eso pese a los conflictos que los regímenes mantenían entre sí. Pero, en plena Guerra Fría, para ellos primero estaba el combate contra “izquierdistas, comunistas y marxistas”, tal como lo reveló un agente del FBI en un cable desclasificado por el Departamento de Estado de EE UU. Una de las abogadas querellantes, Carolina Varsky, del Centro de Estudios Legales y Sociales, anticipa que en el juicio se conocerán más cables del Archivo Nacional de Seguridad de EE UU.

Entre las víctimas cuyos casos serán analizados figuran Edgardo Enriquez Espinosa, integrante del comité central del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Chile, y la nuera de Gelman. Ya en 2009 fueron condenados algunos de los autores del secuestro de García Irureta en Argentina, las torturas que sufrió y su traslado a Uruguay, donde daría a luz y sería eliminada, pero en el nuevo juicio serán indagados otros acusados por su desaparición como Videla, Cordero y otros militares argentinos. En 2012, Videla y otros de sus subornidados fueron condenados por el plan sistemático de robo de bebés de desaparecidas, juicio que incluyó el caso de Macarena Gelman, la nieta del poeta e hija de García Irureta. Algunos culpables del homicidio de Marcelo Gelman, hijo del ganador del premio Cervantes, ya fueron condenados en 2011, pero otros serán juzgados en un juicio paralelo al del Cóndor. Como se ve, todo el proceso judicial contra los responsables de la última dictadura argentina resulta un poco engorroso, pero avanza y ya han sido condenados 378 criminales.

Ir al artículo completo en: El País

La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, comúnmente conocida como Comisión Valech, entregó un informe sobre el tema al mandatario chileno, Sebastián Piñera.

Dicho informe es el resultado de unas averiguaciones que buscaban “sincerar” la cantidad real de personas que sufrieron algún tipo de violación de derechos humanos de tinte político entre 1973 y 1990, durante el gobierno del clic fallecido gobernante militar.

“Se presentaron (ante la comisión) 32.000 personas que declararon sentirse víctimas de los agentes del Estado en la época de la dictadura. De ellas calificaron 9.794 por violaciones a los derechos humanos y se constató que había 30 nuevos casos de desaparición forzada”, señaló a BBC Mundo María Luis Sepúlveda, presidenta de la Comisión Valech, que lleva al nombre del monseñor Sergio Valech, quien presidió el ente hasta su muerte el año pasado.

La cifra oficial de víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado chileno, en dicho período de tiempo, se contabilizaba en casi 29.000.

Ahora, con las últimas averiguaciones la cifra subiría hasta 38.000, de los cuales unos 3.000 corresponde a fallecidos.

Enlace al artículo completo: BBCMundo

Gracias Benja

El ex inspector de la PDI, Fernando Ulloa Castillo, se encuentra al interior de la embajada de Ecuador en Chile desde hace al menos dos semanas, tras pedir asilo político.

La información fue divulgada por la agencia de noticias Chiletecuida, agregando que Ulloa denunció al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter -actual titular de Defensa- de estar involucrado en el tráfico de drogas, por más de 300 kilos de cocaína, que serían utilizados para desestabilizar el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, e incluso operar un magnicidio en su contra. Todo con el amparo de la CIA, desde Estados Unidos.

Enlace al artículo completo en Cambio21

Cambio21, Santiago 16.02.13 La Audiencia Nacional pidió su busqueda y captura, en aplicación del principio de jurisdicción universal en lo relativo al delito de genocidio, para proceder a la investigación, enjuiciamiento y fallo del delito apreciado.

El gobierno de España aprobó hoy solicitar a Chile la extradición de seis ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), presuntos responsables del asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en el año 1976.

Los ex agentes son Guillermo Humberto SalinasTorres, José Remigio Ríos San Martín, René Patricio Quiholt Palma, Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé y Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, que era además director de esa organización.

Enlace al artículo completo en Cambio21

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Relacionada:

El Gobierno pide a Chile la entrega de seis ex agentes por el asesinato de Carmelo Soria en 1976: ABC

Por Alejandra Carmona, elmostrador, 08.02.13

Una o dos veces a la semana, Manuel Araya conduce uno de los colectivos de la línea 9-Las Viudas, en San Antonio. El resto del tiempo está en Santiago o Valparaíso ayudando a realizar un documental sobre la muerte de Pablo Neruda.

Desde que el año 2011 dio una entrevista a la revista mexicana Proceso asegurando que el poeta fue asesinado, ocupa la mayor parte de su tiempo libre en sumar datos que permitan reconstruir los últimos días del Premio Nobel de Literatura y a hacer que lo que el vio ese 23 de septiembre. Los detalles. Las escenas. Todo. Comprueben lo que asegura: que a Neruda lo mataron con una inyección letal en la Clínica Santa María. Y que al contrario de lo que dice la biografía oficial, el poeta no murió de cáncer a la próstata.

Después de aquella entrevista de Araya, el Partido Comunista presentó una querella con el objetivo de aclarar la muerte del poeta. “Esta ha sido presentada porque han surgido versiones que desmienten lo que hasta ahora considerábamos la versión oficial sobre la muerte de Pablo Neruda”, dijo Guillermo Teillier al llegar, ese 31 de mayo de 2011, hasta Tribunales.

Según fuentes ligadas a la investigación que lleva adelante el juez Mario Carroza —quien se encuentra de vacaciones y retoma sus funciones en marzo—, después de analizar antecedentes y tomar declaraciones, la decisión fue exhumar el cuerpo de Neruda.

“Efectivamente hace 15 días nos informaron sobre la exhumación en una reunión. El ministro (Carroza) emitió una orden, pero es un tema por el que se pide el mayor respeto y solemnidad posible”, señala el director ejecutivo de la Fundación Pablo Neruda, Fernando Sáez García.

Sáez dice que en esa instancia no le informaron respecto a una fecha, pero fuentes ligadas al caso señalan que la pericia se realizará en marzo. La diligencia estaría a cargo del Servicio Médico Legal (SML), tal como en otros casos de Derechos Humanos.

La duda

Manuel Araya fue chofer y asesor personal de Pablo Neruda hasta el mismo día de su muerte. Lo conoció cuando tenía 14 años en una sede del Partido Comunista en la calle Mapocho, pero empezó a trabajar con él cuando el poeta volvió de Francia, en noviembre de 1972.

Después del Golpe de Estado, recuerda cada uno de los episodios que marcaron el desenlace. “Neruda se hospitalizó el 19 de septiembre en la Clínica Santa María, pero fue por seguridad, para sacarlo posteriormente del país. Recuerdo mucho ese día. Salimos a las 12:30 de Isla Negra y llegamos casi a las seis de la tarde a Santiago. Él iba en ambulancia y cada dos kilómetros nos detenían para hacer algún control policial”.

-¿Por qué en ambulancia?

-Él no estaba enfermo, pesaba 123 kilos cuando murió, pero usamos eso para que él pudiera salir del país. Imagínese lo que sería la figura de él contra la Dictadura, desde fuera del país. Quería presionar desde allá para sacar del poder a Pinochet. Esa era su misión.

“El 22 de septiembre se le entregó un salvoconducto para viajar al exilio en México. Neruda fijó su viaje para el día 24 de septiembre, a las 10 de la mañana”, cuenta Araya, quien también recuerda que al día antes del viaje, Neruda le pidió un favor: que fuera por alguna ropa y libros que se habían quedado en la casa de Isla Negra.

Araya tomó el Fiat 125 blanco —una alternativa al Citroën que tenía Neruda en casa y que habían comprado hace pocos días— y regresó a la costa.

“Cuando estaba en Isla Negra recibí un recado que Neruda dejó en la hostería Santa Elena. Nosotros no teníamos teléfono, la línea quedó suspendida tras el Golpe. ‘Entró un doctor, me puso una inyección en la guata y tengo mucha fiebre’, fue lo que dijo. Yo regresé volando a la habitación 406 de la Clínica Santa María, donde él estaba”.

Los minutos posteriores, Araya también los recuerda como si fuera ayer:

Por maría Elba Troncos, Cambio21,

Reviviendo una vez más la pesadilla que sufrió en el campo de tortura de Colonia Dignidad y con un sentimiento de horror y pesar, que se le aloja en el medio del estómago, se encuentra Adriana Bórquez Adriazola, en la foto, profesional con un Magister en sociología de la Universidad de Oxford, Gran Bretaña, tras ver la forma en que se ha tratado en los medios de prensa tradicionales el remate de los bienes de Colonia Dignidad y el poco compromiso para lograr justicia.

La profesional escribió una carta pública para desahogar su dolor luego de ver “impactada” cómo se frivoliza un tema tan doloroso para cientos de familias: “Sentí igual que los nazis que hacían carteras y pantallas de luz con la piel humana en los campos de concentración”.

En conversación con Cambio21 dijo que “estalla” cada vez que se dice Colonia Dignidad en los medios y como se está tratando de lavar la imagen,  pero no se hace nada por la justicia. “Vi el remate en televisión y me indignó especialmente cuando decían que había que limpiarle la cara a la Colonia Dignidad, que está estigmatizada y que hay que ayudarles”. Agregó que “siento dolor, asco y un horror cada vez que salen en televisión con su turismo ecológico y sus kugenes.”

Recordó que en la jornada del martes fueron a dejar una carta a La Moneda para pedir la intervención del presidente Sebastián Piñera, sin embargo los periodistas no se preocuparon de eso, ni de los avances de la investigación o las gestiones ante la embajada de Alemania para extraditar a Hartmutt Hopp, sino de revivir los detalles de su dolor. “Esto es morboso, que poco delicado, que poco humano, cuando todo Chile sabe lo que es una tortura, preguntarle a una mujer vieja que debe ocupar una silla de ruedas qué sintió. Eso es ser morboso, cruel y sin moral.”

La necesidad de justicia

Adriana piensa que todo este lavado de imagen contrasta con el nulo deseo de llegar a una verdadera justicia y reparación. “A veces siento que me voy a morir y no voy a ver la justicia, pero al ver a mi hija, mis nietos y los nietos de otros compañeros que no están, tengo esperanzas. Al igual como pasó en la Alemania nazi, luego de un par de generaciones es la juventud la que toma la bandera de la ética y las reivindicaciones morales.”

“Nosotros no necesitamos que nos tiren unos cochinos pesos, necesitamos justicia, que los culpables sean reconocidos como culpables y rechazados. Yo no quiero que ellos mueran en la picana como Caupolicán, yo no quiero eso, no quiero que les duela tanto, porque nosotros luchamos por un mundo distinto y cómo vamos a querer que les pase lo mismo que a nosotros”, señaló.

Enlace al artículo completo: Cambio21

By Thelma Mejía,  04.02.2013

The law created the National Directorate of Investigation and Intelligence (DNII), a key agency in the security structure that does not appear to be accountable to any other body, and does not appear to be under democratic civilian control.

“This bill unites or fuses military defense and internal security, which is dangerous, because one of the aims after the Cold War was to separate these fields, due to the negative effects (their union had) on systematic violation of human rights” in the region, sociologist Mirna Flores, an expert on the issue, told IPS.

“We are back again with old national security concepts dating from the Cold War era in Central America, and the danger is that the former anti-communist rhetoric may be used against the ‘new threats’, such as allegedly criminal youth, dissidents against the regime, social protests or for the imposition of absolute powers,” she said.

The approval of the law on Jan. 14 took human rights organizations, civil society groups and academic bodies by surprise, because of the rushed nature of the legislation, the lack of consensus-building and the skipping of two of the three debates necessary for passing laws in parliament.

Sergio Castellanos, a legislator for the left-wing Democratic Unification Party, was the first to react when the bill was introduced. He asked for time for a fuller debate, but was overruled by the large right-wing majority comprising representatives of the governing National Party and one wing of the Liberal Party.

The law was passed amid a whirlwind of parliamentary activity, along with constitutional reforms and other laws that have engendered controversy in the country, such as mining regulations and suspension of all tax exemptions, pending review.

The Intelligence Law has some loopholes consisting of a lack of conceptual definitions, included in modern legislation in order not to allow room for discretionary interpretations or decisions.

Roberto Cajina, a civilian consultant on security, defense and democratic governance, told IPS that lack of definitions and limits in the text of the new law could give rise to “temptations” for abuse.

“It must be clearly understood what is meant by investigation, intelligence, strategic action, privacy protection, national security, special units, covert operations, special agents, special protection measures, secret funds and special risks, to cite just the most important definitions that are lacking in the law,” Cajina said.

Article 28 out of the 33 articles in the law says the DNII may recruit active members of the armed forces and the national police, Cajina said. This is “a very delicate matter and should be studied with care,” he said.

“As it stands, it is a dangerous precedent. One could warn of possible ‘piracy’ of the DNII toward the armed forces and police. What kinds of intelligence do each of them carry out?” he asked.

“If this is not clarified, problems and serious contradictions will arise, and the scenario will change radically. It is necessary to demarcate the boundaries of the fields of action of each of them,” Cajina emphasized.

Flores, the sociologist, and Cajina concur that another vacuum in the law is the lack of a chain of command subjecting the DNII to the control of any civilian institution or authority. It is not clear to what body it is affiliated.

The law compels private bodies to “cooperate by providing information required of them in order to support intelligence efforts”.

The experts said there should be a clearer description of the kind of information that private companies are required to give, because the current text leaves too much room for discretion. “The DNII director could, with very little justification, pick any organization as a subject of interest which must provide the information (the DNII) demands,” they said.

“We are alarmed at this law that was tabled without ceremony, but also without debate, and furthermore, relying on old Cold War concepts,” activist Bertha Oliva, of the Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras (COFADEH), told IPS.

Oliva said she was concerned by some aspects of the law, especially the power it gives the DNII to create “special investigation and intelligence units” and to cooperate with “other state intelligence bodies”.

“Does that mean there are more? Which ones? Why do we know nothing about them? I think there are many loopholes that could lead to abuses,” she said.

In the 1980s, members of the Honduran intelligence corps created the so-called Batallón de la Muerte (death squad), which was responsible for the forced disappearance of 187 people for political and ideological reasons, according to an official report.

This history raises fears that a similar body could be recreated, since the executive branch is giving the armed forces and police wide powers to run an intelligence corps which by law was supposed to come under the rule of the Commission on Public Security Reform, a civilian body working on structural reform of the police, prosecutors and the justice system.

But according to Matías Funes, chair of the Commission on Public Security Reform, its proposals do not have the ear of the legislative and executive branches. “It’s as if there were a parallel agenda,” and the institutional environment and democratization of the country are not making progress, he said.

Dawn Paley,  20.12.2012, GUATEMALA CITY—The news broke in the United States during the lazy summer days of late August: 200 US Marines were stationed in Guatemala as part of the war on drugs.[1] The deployment of US combat troops to Guatemala was part of Operation Martillo, a military plan meant to disrupt cocaine trafficking routes that pass through Central America on their way from Colombia to the United States.

Fighting organized crime and drug trafficking is the most recent justification for US incursions in Guatemala, also serving to justify the increased activity of Guatemalan military around the country. This militarization is taking place in areas where there are fierce social and land conflicts related to the imposition of mega-resource extraction projects, such as in mining and oil industries. In addition, communities that resist displacement and the extractive industries have been tarred with accusations that they are involved in the organized crime; in some cases entire peasant villages have even been labeled “narco-communities.”

“We have the sense that [fighting narcotrafficking] is a pretext to return to the level of military deployment that was maintained during the height of the armed conflict, which resulted in acts of genocide,” said Iduvina Hernandez Batres, of the Guatemala City-based NGO Security and Democracy (Sedem). The Guatemalan Army, which is still formally ineligible for receiving US military assistance, was responsible for the vast majority of the 200,000 killed and the 50,000 disappeared during the internal armed conflict, which officially ended in 1996.

The Guatemalan army was called upon “to put an end to the external threats and contribute to neutralizing illegal armed groups by means of military power,” by Guatemalan President Otto Pérez Molina the day after his inauguration in January 2012.[2] Pérez Molina, a former General and head of army intelligence, also promised to increase military spending. So far, he has kept his promise. According to Plaza Publica, a Guatemalan investigative journalism outlet, projected spending on military and security equipment in 2013 alone will surpass all such spending between 2004 and 2012.[3]

The arrival of US Marines in Guatemala represents more than a military maneuver to disrupt drug trafficking. It demonstrates that in allied countries like Guatemala, the US can champion a military invasion under the discourse of the war on drugs with little fanfare or criticism. The deployment of US troops to Guatemala is arguably the most blatant example of an evolving strategy that the US military establishment is betting on in order to expand and exercise control in the hemisphere, all within an international framework of formal democracy and law and order.

“The predominant hemispheric security challenges no longer stem principally from state–on-state conflict, right-wing paramilitaries, or left-wing insurgents,” reads the US’s Western Hemisphere Defense Policy Statement, released in October of 2012. “Today’s threats to regional peace and stability stem from the spread of narcotics and other forms of illicit trafficking, gangs, and terrorism, the effects of which can be exacerbated by natural disasters and uneven economic opportunity.”[4]

Guatemala, and Central America as a whole, is a testing ground for one iteration of the US military’s new strategy of control, which is being applied unevenly throughout the hemisphere. Here, it includes the presence of US combat troops – something the US can’t get away with in Mexico. It also includes the involvement of military officials from Canada, Chile, and Colombia as trainers in regional security matters.[5]

Events in Guatemala are taking place in the context of an ongoing escalation of the US-backed drug war in Mexico, which has pushed the number of murders to around 100,000 over the past six years, according to some estimates.[6]

While Mexico has been a central focus for US anti-narcotics funds and media attention, its neighbors to the south have already seen their share of action. The deployment of US Marines to Guatemala came just two months after a controversial massacre of civilians in Ahuas, Honduras, when US backed anti-drug efforts there went awry. According to human rights groups, Drug Enforcement Administration agents and Honduran police shot from State Department Helicopters killing four Indigenous people in the country’s northwest in May.[7]

“The aircraft that were used in that operation were at that time piloted by officials of the Guatemalan Army,” said Sedem’s Hernandez. “Later, [Operation Martillo] appeared publicly in Guatemala, getting its official start midway through this year, but the operations had already begun.”

According to official sources, between July and October, members of the US Marine Corps Forces, South —the naval component of the US Southern Command— flew helicopters destined for trafficking interdiction efforts in Guatemala out of Santa Elena, Petén, and aircraft out of La Aurora in Guatemala City, Retalhuleu, and Puerto San José, as well as coordinating with the Guatemalan Navy in Puerto Quetzal, on the Pacific Coast.[8]

Beyond a handful of wire stories, news of the deployment of active duty US combat troops in Guatemala made barely a blip in the media.[9] It also seemed to go largely unnoticed in the Central American nation. Few outside military and security research circles were aware of the details of the agreement between the US Embassy and Guatemala’s Foreign Relations Ministry.

Nineth Montenegro, the second vice president of Guatemala’s congress, told Toward Freedom she found out about the operations through reports in the newspaper.

“There was no discussion in congress. It was an agreement [made by the executive] that the President approved,” said Montenegro. “Some here think there was a violation, because legislative power is independent and it is the only [power] which can authorize the arrival of troops or military or support. It never went to congress.”

A Quiet Agreement

Instead of moving through constitutional channels, on July 16th, 2012, the US Embassy in Guatemala delivered a verbal note to the Minister of Foreign Relations, proposing the conditions for the regularization of US defense personnel in Guatemala. The note from the Embassy, which was later transcribed and published in Guatemala’s Congressional Gazette, makes reference to military and aviation cooperation agreements signed between the two countries in 1949.

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