La llamada “Ley que fortalece el reguardo del orgen público” o “Ley Hinzpeter” está diseñada para criminalizar la protesta social porque “Penaliza con 541 día a 3 años de cárcel a quienes participen en tomas, cortes de calles, y marchas no autorizadas”. Es decir, los medios de protesta social que se utilizan hoy día en nuestro país.

También sanciona con “541 días a 3 años de cárcel a quienes convoquen a dichas protestas”, es decir, a los dirigentes sociales.

 

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